México ha dejado pasar dos noticias sobre el futuro terrestre, la primera indica que Vermont pronto será el primer estado de EUA en cobrar a las grandes petroleras por el daño climático y la segunda relata que el grupo Estudiantes de los Países Insulares del Pacífico (PISFCC) ha recibido el apoyo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) para la defensa del ambiente marino.
La ley de Vermont será el modelo para que otros estados responsabilicen a las empresas de combustibles fósiles pues las obliga a pagar los daños causados por la crisis climática y ha sido seguida por: Maryland, Massachusetss Nueva York y California. Siguiendo el modelo del programa Superfondo de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) [1], que obliga a las empresas a pagar por sus desechos tóxicos, el proyecto de ley del superfondo climático cobrará a las principales empresas de combustibles fósiles que operan en el estado miles de millones de dólares por sus emisiones pasadas y las responsabiliza por emitir lo que calienta al planeta.
Además de los estados que sopesan iniciativas similares, los senadores Bernie Sanders (Vermont) y Chris Van Hollen (Maryland) incluyeron una versión federal en el proyecto de ley de infraestructura aprobado en 2022 que habría recaudado US$ 500,000 millones pero se quitó en el borrador final. Los impactos climáticos aumentan en todas partes y tienen un costo; seguro que habrá intentos para que los paguen las empresas responsables de tales desastres, dijo Jamie Henn, de Fossil Free Media [2] que apoya la legislación del superfondo climático en todo EUA.
El año pasado, las inundaciones causaron daños en Vermont por más de US$ mil millones, 11 años después de que la tormenta Irene lo devastara. La investigación indica que mientras persista la crisis climática, las futuras inundaciones serán más devastadoras y costosas. La ley obliga al tesorero estatal Mike Pieciak a crear un fondo para los daños climáticos determinando cuánto dinero recaudar para pagar los impactos relacionados con el clima en la salud pública, la biodiversidad, el desarrollo económico y otros daños en Vermont; la ley no incluye una recaudación específica, pero ésta podría sobrepasar los US$ 2,500 millones.
Luego, el estado consultará a la ciencia para saber cuánto de ese daño es atribuible al calentamiento global y cuánto contribuyó al daño cada una de las principales empresas de petróleo y gas del estado en función de las emisiones de sus productos entre 1995 y 2024, basándose en los datos de Carbon Majors [3] que registra las contribuciones de las mayores empresas del mundo a la crisis climática. La recaudación será para financiar proyectos que mejoren la adaptación y la resiliencia climática, según lo determine la Agencia de Recursos Naturales de Vermont.
Mientras los especuladores de los combustibles fósiles están obteniendo ganancias récord, los habitantes se preparan para los crecientes y costosos impactos del calentamiento global; según Eric Weltman, organizador en Nueva York del grupo ambientalista Food and Water Watch [4], es hora de que estas grandes corporaciones petroleras paguen por su desastre.
También se han presentado demandas contra las grandes petroleras por intentar sembrar dudas sobre la crisis climática a pesar de que conocían los peligros de quemar combustibles fósiles; a diferencia de las demandas, que los jueces cuestionan si litigarlas es competencia de los legisladores o de los tribunales, las propuestas legislativas no requieren pruebas del engaño.
Se espera que los intereses de los combustibles fósiles impugnen la ley en los tribunales estatales. El Instituto Americano del Petróleo, el grupo de cabildeo de petróleo y gas más grande de EUA, envió una carta al Senado de Vermont oponiéndose a la ley, alegando que «impone retroactivamente costos y responsabilidad sobre actividades que antes eran legales» y «viola los derechos de igualdad de protección y debido proceso» al responsabilizar a las empresas por las acciones de la sociedad en general. Olvidan que tales alegatos son inválidos por la forma en que el mercado crea falsas necesidades.
Mientras tanto, en respuesta a la solicitud del PISFCC que contó con el apoyo de la Comisión de Pequeños Estados Insulares sobre Cambio Climático y Derecho Internacional (COSIS), el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) dictaminó [5] que el calentamiento global es provocado por el hombre y que los gases de efecto invernadero están dañando gravemente nuestros ecosistemas submarinos. El TIDM añade que los países deben dar un paso adelante y abordar los impactos del calentamiento global, empezando por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y proporciona directrices claras sobre lo que los países deben hacer según el derecho internacional para abordar la crisis climática y mantener seguros nuestros entornos marinos. El dictamen del TIDM está destinado a dar forma al ámbito del derecho internacional y redefinir los marcos legales existentes para incorporar las obligaciones relacionadas con el clima.
Ahora se debe presionar para que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, emita una opinión consultiva que se alinee con la ciencia, definiendo las obligaciones estatales y las consecuencias relacionadas con el calentamiento global; este paso ayudará a solidificar los estándares legales internacionales e impulsar acciones significativas e impactantes.
Desafortunadamente, mediante Orden del 30 de mayo de 2024 [6] en el procedimiento consultivo sobre las Obligaciones de los Estados respecto del Cambio Climático, el Presidente de la CIJ amplió hasta el 15 de agosto de 2024 el plazo dentro del cual los Estados y Las organizaciones que hayan presentado declaraciones escritas a la Corte podrán presentar comentarios por escrito sobre las demás declaraciones escritas, de conformidad con el párrafo 4 del Artículo 66 del Estatuto. Cabe aclarar que la fecha para la presentación de comentarios escritos ya se había ampliado hasta el 24 de junio de 2024.
Citas
[1] https://www.epa.gov/superfund
[2] https://fossilfree.media/#welcome
[3] https://carbonmajors.org/briefing/The-Carbon-Majors-Database-26913
[4] https://www.foodandwaterwatch.org/
[5] https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/press_releases_english/PR_350_EN.pdf
[6] https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/187/187-20240531-ord-01-00-en.pdf
