Durante las últimas cuatro décadas, por decir lo menos, el estado de Morelos se ha visto embestido por la construcción de colosales unidades habitacionales, fraccionamientos, centros comerciales, casinos, hoteles y toda una serie de monstruosas infraestructuras urbanas y turísticas. Además, en la entidad se han emplazado actividades productivas, comerciales, distributivas y de almacenaje de sustancias, mercancías y desechos que son peligrosos en términos ambientales y sanitarios dada la toxicidad inmanente que les caracteriza.
En respuesta a dichos procesos y tendencias de devastación ambiental y sanitaria generados por ciertos grupos de capital, terratenientes, gobernantes corruptos y científicos mercenarios, el estado de Morelos se ha consolidado como un referente constante en los movimientos populares que luchan y resisten en contra de procesos económicos que vulneran y socavan los derechos de los pueblos.
Un ejemplo actual de los movimientos en defensa de la tierra y agua de Morelos, está en las comunidades del oriente de la entidad que, desde 2008 hasta la fecha, luchan y resisten en contra de la construcción y operación de tres infraestructuras destinadas a la producción de energía eléctrica, enmarcadas en lo que conoce como el Proyecto Integral Morelos (PIM).
El PIM, en la primera de sus dos fases de operación, ha avanzado hasta la construcción de las siguientes infraestructuras: una Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado (CTCC) ubicada en Huexca (municipio de Yecapixtla); un gasoducto de 172 km de longitud, afectando a 9 comunidades del estado de Tlaxcala, 13 de Puebla y 10 del territorio morelense; así como un acueducto de 13.2 km que la llevaría de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Cuautla hacia la CTCC.
Este megaproyecto fue impuesto por los gobernadores Marco Adame Castillo y Graco Ramírez en un claro contubernio con las empresas españolas Abengoa, Elecnor y Enagás. Dichos grupos de poder económico y político dejaron en claro sus intenciones de buscar generar jugosos y lucrativos negocios al querer posicionar a Morelos como un territorio estratégico en la generación de energía con base en la quema intensiva de gas lutita. Cabe señalar que este tipo de hidrocarburo es extraído mediante fracking en Estados Unidos y que es distribuido en el territorio nacional por medio de una red de gasoductos diseñada y construida durante las administraciones neoliberales de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto; derivando en un entramado de injusticias socioambientales y un claro golpe a la soberanía energética nacional de México.
El funcionamiento de dichas megainfraestructuras representan un grave peligro en términos ambientales dados los incuantificables costos ecológicos que, directamente, generaría la sobreexplotación y contaminación térmica del agua del Río Cuautla. De forma indirecta, el PIM constituye un foco rojo para la seguridad hídrica de la población en tanto que la generación de energía eléctrica serviría como una ventaja comparativa estratégica para la atracción de capitales industriales de la rama automotriz y farmacéutica, así como de los grupos extractivistas y terratenientes que impulsan la minería a cielo abierto y el agrobusiness en la entidad.
Pero las consecuencias inmediatas y al largo plazo que representa el PIM no sólo son de tipo hídrico-ambiental; además, la operación de la CTCC representa un grave riesgo epidemiológico para las comunidades que habitan en las inmediaciones de ésta. La quema intensiva de gas lutita para la generación de energía produce altas concentraciones de dióxido de nitrógeno y de ozono al ambiente. Estos contaminantes se encuentran asociados a la producción de enfermedades crónico-degenerativas como cáncer de pulmón; enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC); enfermedad isquémica del corazón y asma.
Ante lo anterior, es urgente que se impulsen y reactiven pero, sobre todo, se replanteen las estrategias comunitarias de defensa del agua frente al PIM y los procesos de urbanización e industrialización voraz del territorio que éste representa e impulsa de forma abierta o latente. Dicha tarea es más apremiante en tanto que, durante toda la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, no se ha logrado que la correlación de fuerzas al interior de las relaciones geopolíticas de México, le permitan al Estado contar con el capital político suficiente ni siquiera para plantear su suspensión definitiva. A contrapelo, el gobierno federal ha tenido que ceder a las presiones de los capitales internacionales en referencia al PIM, lo cual se ha visto traducido en un posicionamiento contradictorio respecto a este megaproyecto y el movimiento popular que le resiste.
En este sentido, se torna necesario construir mecanismos para solicitar que las comunidades y los ejidos afectados por el PIM sean incorporados al Registro Nacional de Víctimas; así como impugnar porque se respete el ordenamiento territorial vigente en la zona y se acaten las recomendaciones de los dictámenes de los estudios de riesgo, impacto urbano y de factibilidad que diversos académicos han presentado en referencia a la megainfraestructuras y procesos industriales y productivos que directa e indirectamente se relacionen con este megaproyecto.
Los opositores al PIM deben buscar impugnar las licencias de construcción y las declaratorias de utilidad pública en las que se respaldan los promotores del megaproyecto. Al mismo tiempo, se debe de solicitar que el Consejo de Salubridad General regule e, incluso, prohíba la contaminación generada por la termoeléctrica en Huexca; dicha acción tendría que ir acompañada de solicitar a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) que establezca una alerta en referencia a los efectos adversos en la salud por la degradación potencial del ambiente, de la población y de los trabajadores ligados al PIM.
Estas y otras acciones permitirían escalar la protesta social más allá de la coyuntura inmediata y superar ciertas posturas neozapatistas que impiden que los reflectores se centren en la defensa integral de la vida de toda la comunidad frente a los riesgos socioambientales que representa el PIM.
Para avanzar en la construcción de nuevas bases de lucha y fortalecer las ya existentes, el diálogo abierto, democrático y colaborativo es indispensable. Por ello, aprovechando el espacio que, generosamente, me ha prestado Flora Guerrero para compartir con los lectores de La Jornada Morelos estas líneas, me permito concluir mi nota de opinión para invitar a los lectores a la presentación del libro: El Proyecto Integral Morelos: devastación ecológica y conflictos socioambientales por la defensa del agua. La cual se llevará a cabo el próximo 22 de septiembre a las 17:00 en la Librería “La Bigotona” Ubicada en Plaza Moctezuma Cuernavaca (Matamoros 20, planta baja, interior 1, Col. Centro, Cuernavaca Morelos).
*Unidad Académica en Estudios del Desarrollo-Universidad Autónoma de Zacatecas
