“El Estado tiene la responsabilidad de garantizar un sistema de protección social que ayude a reducir la desigualdad”. Thomas Piketty.
Tras haber atravesado este puente de comunicación entre éste su servidor, escritor empedernido, y los lectores internautas por medio de las fibras ópticas, me parece relevante abordar el tema del empleo en el marco de las alternativas al desarrollo que he expuesto la semana pasada.
Promover el empleo por parte de los Gobiernos es una tarea prioritaria, ya que es una actividad indispensable para procurar medios de subsistencia y autoconservación relacionados con el desarrollo humano integral. En México, son muy pocos los estudios de índole científica que conllevan a los análisis comparativos, cuantitativos y sobre todo cualitativos entre las políticas públicas de distintos periodos de gobierno, para poder instrumentar estrategias que ayuden a mejorar la calidad de los empleos y las demandas del mercado laboral.
Se subraya que el empleo es una tarea prioritaria para cualquier país que pretenda mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. México, es un país en el que lamentablemente 37, 891, 261 millones de personas de 16 años en adelante no son económicamente activas, y aunado a ello, el Registro Estadístico de Negocios de México (RENEM), en su última actualización, señala que en México el 62.6% del total de los establecimientos son informales, o sea que 6 de cada 10 personas se encuentran en el sector informal.
Esto genera que los empleos sean precarios, se caractericen por ser inestables, carentes de un sistema de protección social sólido; es decir que los trabajadores no tengan seguros médicos o de invalidez, por ejemplo; o una remuneración capaz de cubrir necesidades tales como alimentación saludable, vestido, techo, salud, educación, esparcimiento, lo que va allanado la desigualdad social, concentrando la riqueza en un pequeño sector.
A pesar de que el trabajo es una actividad propiamente humana, llama mucho la atención de que su incorporación en cuanto a la medición de la pobreza, calidad de vida o buen vivir, es relativamente nuevo, acompañado de un sombrío desinterés por tomar cartas en el asunto. Si partimos de que un alto porcentaje de la vida promedio de un ser humano la dedica a trabajar, es incomprensible que su existencia o sentido no esté relacionada con el de un empleo digno o de calidad.
Por lo anterior, es preciso medir el grado de satisfacción de las necesidades reales de las personas y esto no es posible tan sólo desde variables macroeconómicas; de ahí la imperiosa necesidad de promover empleos bien remunerados, que generen seguridad y satisfacción en los individuos, cuenten con perspectivas de crecimiento, posibilite un equilibrio entre el trabajo y la vida personal, sin olvidar que se deba promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Lo anterior juega un papel indispensable y primordial para lograr incorporar variables complementarias en la búsqueda de un empleo digno.
El Estado pues, debe sí o sí crear y promover empleos de calidad, a través de políticas redistributivas y programas de bienestar, lo que permitirá asegurar un mínimo de dignidad y oportunidades para todas las y los ciudadanos, disminuyendo así las brechas económicas y garantizando una sociedad más equitativa, velando por la justa distribución de los recursos y la protección de los más vulnerables, a fin de avanzar hacia un modelo más inclusivo y sostenible.
Hacer hincapié en la relevancia de que el Estado asuma un rol activo en la corrección de las desigualdades socioeconómicas, no está de más, reconociendo que éstas no se resolverán por su solo accionar, pues debe prevalecer un trabajo conjunto con la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y por qué no, incluir también empresas, sin olvidar que hay otras alternativas colectivas y autogestionarias como la Economía Social y Solidaria, respecto de la cual se ha discutido profundamente en este espacio.
*Licenciado en comunicación y Maestro en Sistemas Políticos Complejos
