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De acuerdo al titular de la Comisión Estatal del Agua (CEAGUA) hay siete mil personas -2 mil familias-, en riesgo inminente de sufrir una tragedia en cuanto se regularicen las lluvias, crezcan los cauces de los ríos y se reblandezca la tierra de las barrancas.

De alguna forma estos miles de vecinos se las han ingeniado para esquivar regulaciones y aprovechando la falta de vigilancia, se han asentado en zonas que deberían estar resguardadas pues son áreas públicas, ya sean federales, estatales o municipales.

Tan solo en Cuernavaca existen 46 barrancas en total, las cuales recorren 140 kilómetros y ocupan una superficie de casi siete kilómetros cuadrados. De acuerdo a la ley – de Aguas Nacionales, en este caso-, las barrancas y sus márgenes deben ser gestionadas y administradas por el Ejecutivo federal, a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), sin embargo, en el 2008 fueron entregadas por dicha instancia federal al municipio de Cuernavaca, a través del Organismo de Cuenca del Balsas, para su administración, custodia, conservación y mantenimiento.

En el acuerdo AC004/SO/16-XII-08/334 del 16 de diciembre de 2008, se entregaron a Cuernavaca solo algunas de las barrancas urbanas del municipio tales como Atzingo, Tonintana, Tzompantle, Chalchihuapan, Ahuatlán, Tres Labios, Hule, Chapultepec, Jiquilpan, Salto Chico, San Antón y Chiflón de los Caldos, que representan un total de 34.92 km lineales, pero el detalle es que este Acuerdo no incluyó otras barrancas urbanizadas a pesar de poseer características semejantes a las que sí figuran.

Este tipo de decisiones, incompletas o erróneas, dificultan saber qué leyes aplican para situaciones diferentes, se genera una zona gris en donde las mismas autoridades podrían tardar un buen rato en ponerse de acuerdo en los alcances de cada una de ellas. En este limbo también es difícil delimitar responsabilidades en materia de vigilancia, rehabilitación, o de desalojo de invasores.

Y más o menos lo mismo sucede con los derechos de vía de los antiguos ferrocarriles, y las riberas de los ríos. Mientras tanto, cientos de personas han estado ocupando estas tierras de nadie, fincan y tratan de vivir hasta que llega alguna temporada aguda de lluvias o se genera un huracán atípico y se presenta una desgracia, frecuentemente con costos de vidas.

Baste recordar el desbordamiento del río Santa Catarina en Monterrey en junio del 2010, cuando una colusión de huracanes originó una lluvia ininterrumpida de 60 horas haciendo que el río barriera todo a su paso, recobrando su cauce natural que había sido invadido por colonias y construcciones de todo tipo, provocando pérdidas de vidas y 15 mil familias damnificadas que perdieron si no todo, si gran parte de su patrimonio.

Además, el impacto de los asentamientos irregulares en los ecosistemas también puede ser bastante severo, por ejemplo en los ríos, no solo por las descargas de aguas residuales y basura, sino también por los intentos de ganarle espacio a la tierra que pueden implicar vaciar cargas completas de cascajo y piedras no ya en las orillas, sino en el mismísimo cauce.

El problema ya es de grandes dimensiones y solucionarlo requerirá de esfuerzos igual de grandes que, de todos modos, es preferible hacer antes de que haya nada que lamentar.

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