El próximo 12 de junio se conmemora el Dia Mundial contra el Trabajo Infantil, ocasión propicia para insistir en el compromiso de la comunidad internacional de erradicar el trabajo infantil. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2015, reconoce en su meta 8.7 la imperante necesidad de que los países adopten medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.
La Organización Internacional del Trabajo refiere que el trabajo infantil es aquel “…que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico”, sin soslayar que los factores que inciden en el trabajo de niñas, niños y adolescentes son diversos, tales como los siguientes: la pobreza, la desigualdad, la exclusión, la falta de acceso a oportunidades educativas, el desempleo y la falta de oportunidades para algunos sectores poblacionales, lo que se traduce, en múltiples ocasiones, en violaciones a los derechos de la niñez y adolescencia en nuestro país. A lo anterior habría que sumar la recurrencia y gravedad de las peores formas de trabajo que exponen a la niñez y adolescencia a esclavitud, prostitución, tráfico de drogas, trabajo en minas, fábricas, y en el hogar, entre otros.
Tal fenómeno social tiene consecuencias negativas para el desarrollo físico, mental o social de niñas y niños, además de vulnerar sus derechos a la vida, la supervivencia y el desarrollo, la alimentación adecuada, la protección de la salud, la seguridad social, la educación de calidad, el descanso y el esparcimiento, entre otros. Por tanto, su prevención y erradicación requiere de políticas públicas con enfoque de derechos y de género que alienten la participación de los sectores público, privado y social a fin de establecer planes integrales de restitución de derechos.
El trabajo infantil es un problema social para el que no existe una solución única. El quehacer conjunto para su erradicación da cuenta de una problemática que debe ser abordada considerando los casos de discriminación múltiple: pueblos indígenas, personas con discapacidad, desplazados, las personas que viven en zonas rurales, en contextos de movilidad, en situación de calle, entre otras. En este sentido, a partir de que se publicó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a través de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes en Edad Permitida, implementada para dar continuidad a los compromisos internacionales establecidos por México; los Sistemas Locales de Protección; las Procuradurías de Protección tanto Federal como de las Entidades Federativas; los organismos autónomos de derechos humanos, las familias, la sociedad civil y las autoridades en general, deben jugar un papel determinante en la protección de los derechos de la niñez y adolescencia y, por tanto, en la erradicación de tal lacerante problemática social.
El Comité de los Derechos del Niño recomendó a México en el quinto y sexto informes consolidados, garantizar el cumplimiento de las normas internacionales para considerar el trabajo en el hogar, la agricultura y las fábricas como actividades peligrosas; aplicar efectivamente las sanciones a los empleadores de niñas, niños y adolescentes, por debajo de la edad permitida, incluidos quienes son explotados a través de la mendicidad, y proporcionar recursos adecuados para aplicar el Programa Nacional para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil y Proteger a los Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida.
En la medida en que las personas servidoras públicas sean conscientes de que las personas menores de edad son sujetos plenos de derechos, su actuación se enfocará no sólo a resolver problemas concretos que les afecten, sino a garantizar la protección de todos sus derechos; tomarán decisiones basadas en su interés superior y en sus opiniones e ideas, y no en criterios discrecionales o empíricos; planearán y ejecutarán políticas públicas con enfoque de derechos, escuchando las inquietudes, necesidades y propuestas de niñas, niños y adolescentes, en vez de programar con base en los intereses de las personas adultas; invertirán recursos en la niñez y adolescencia hasta el máximo posible, en lugar de una asignación presupuestaria destinada sólo al cumplimiento “mínimo” de algunos derechos.
Sólo a través de la ejecución de la política pública nacional, los programas locales y la generación de las adecuaciones legislativas, financieras, políticas e institucionales idóneas en la materia, lograremos mejorar las condiciones de vida de la niñez y adolescencia, y restituir en el goce y ejercicio de sus derechos a quienes, por múltiples causas, han sido agraviados por las acciones u omisiones de las autoridades y la sociedad en general.
* Profesor universitario y especialista en derechos humanos
