Francisco Rodríguez Hernández
La expansión física de las ciudades necesita de suelo susceptible de urbanizarse. Generalmente el territorio adyacente, susceptible de ser urbanizado, son suelosagrícolas, de uso pecuario, o superficies con valor ecológico por su grado de conservación y/o por sus servicios ambientales que otorga. Las situaciones menos frecuentes son las de superficies sin uso actual y cuyo valor ecológico pueda ser inferior a los beneficios de la urbanización.
El motor principal de la expansión urbana es el crecimiento demográfico, pero este estimulo casi siempre está mediado por el usufructo. Con frecuencia, el empuje de la urbanización proviene de ejercicios de valorizacióncapitalista que aprovechan la existencia de una demanda de vivienda o suelo urbano. Otras veces se trata de una diversidad de decisiones individuales derivadas de intereses propios.
En México, prevalecen dos tipos principales de expansión urbana. Una es la que se produce a través de la oferta formal de suelo y vivienda, y podría pensarse que se ajusta a las directrices de planeación y ordenamiento territorial, pero muchas veces esa planeación es inexistente o se ve rebasada en los hechos, porque la realidad avanza más rápido que la actualización de los programas de desarrollo urbano, favoreciendo la discrecionalidad.
Durante los sexenios de los presidentes Fox y Calderón se apoyó la oferta de vivienda de “interés social”, construida por empresas privadas y financiada a través de crédito de los organismos del Estado (Infonavit, Fovissste) y la banca privada. La falta de planeación facilitó que se construyeran fraccionamientos y conjuntos habitacionales en medio del campo, alejados de los servicios urbanos y de consumo básico. Se construyó vivienda sin hacer ciudad, y uno de los costos ha sido millones de viviendas desocupadas, en franco deterioro. Las múltiples críticas y protestas que hicieron académicos y organismos de la sociedad civil contribuyeron a detener esta práctica, pero entonces las inmobiliarias se enfocaron en la vivienda de interés medio y residencial, continuando, aunque con menos brío, en sus intentos de hacer vivienda ajena a la ciudad.
La segunda modalidad de expansión urbana, que es la mayoritaria, sucede a través de urbanización espontánea, sin observar las regulaciones legales en la materia, donde paulatinamente se van agregando pequeñas superficies a la oferta de suelo urbano, generalmente parcelas de ejidos o de comunidades agrarias cuyos poseedores fraccionan y vendena particulares. Se crean así nuevos asentamientos, al principio de baja densidad y sin servicios de infraestructura, pero que con el tiempo se van consolidando. La problemática es que casi siempre son ajenos a la ingeniería de servicios (drenaje, agua potable, etc.), a cualquier intento de reglamentación y planeación urbana, en su traza, sus conexiones con la ciudad misma, y a los requisitos legales que dan certeza jurídica a la propiedad. Aquí prevalece la idea de que el estatus ejidal o comunal de los terrenos urbanizados los excluye de las regulaciones de uso del suelo, incluso del impuesto predial. Se trata de aspectos que en el fondo obstaculizan el avance en la calidad de vida de estas áreas. Es tiempo de retomar una planeación urbana que incorpore e involucre a todos los actores potenciales en su diseño y aplicación, que incluya a sobre todo a los poseedores de la tierra y los usuarios, para lograr que el crecimiento de las ciudades sea sostenible y en beneficio de toda la sociedad.
