En anteriores columnas abordé el tema de los bienes comunes. Siguiendo con esta línea considero oportuno plantear hoy con ustedes, un tema tan polémico como necesario respecto al agua, un bien común por excelencia, del cual, si bien “ya ha corrido mucha agua bajo el puente”, estamos aún lejos de poder encontrar una solución. Ahora bien, ¿cuál es la solución, si es que la hubiera que queremos encontrar? La crisis climática que nos atraviesa a todos se manifiesta en los recursos naturales y ante el vital líquido como es el agua, las crecientes sequías, la desaparición de manantiales, la contaminación de ríos y barrancas, la sobreexplotación de acuíferos, y en la escasez cada vez más evidente del agua en Morelos.
De todas las modalidades para el cuidado y la gestión del agua circunscribo mi reflexión en el marco de la economía social y solidaria y la modalidad comunitaria rural ya que la misma nos acerca a la gestión del agua como un bien común. Me refiero sobre todo a zonas rurales o periurbanas, que muchas veces se encuentran marginadas o alejadas de los centros urbanos, por lo que carecen de servicios de agua potable y saneamiento administrados y/o regulados por los municipios y/o gobiernos estatales.
Para este tipo de gestión ¿contamos en esas comunidades rurales morelense con el amparo de la ley que garantice el acceso y manejo del agua por el sector social? ¿Qué medida en las asambleas ejidales, como órgano superior dónde se toman las medidas necesarias, logran sanear y evitar el agotamiento de este recurso? ¿Tienen las personas que habitan en comunidades rurales las capacidades de autogestión que reclaman? ¿En qué medida la economía social y solidaria es un referente de organización para su gestión?
Las zonas rurales se ven acosadas por la fuerte presión de crecimiento urbano, incluso en áreas de conservación, y ya están rodeadas de asentamientos consolidades, pero irregulares e incluso invadiendo territorios ejidales. Las cuencas hidrológicas de Morelos son la principal fuente de abastecimiento del agua; sin embargo, presentan un alto grado de riesgo y vulnerabilidad, debido a varios factores como los procesos de contaminación por desechos sólidos y líquidos, sumado a los conflictos en el sector económico (piscícola y agrícola) por el uso y aprovechamiento del recurso y la disputa por la tenencia de la tierra. En el territorio existen, por otra parte, asentamientos irregulares que producen descargas de aguas residuales no tratadas y disposición de residuos sólidos, promoviendo un alto deterioro de los recursos naturales.
Ahora bien, estos aspectos son a grandes rasgos el contexto, pero si nos remitimos al marco normativo la Comisión Nacional del Agua (Conagua) está facultada para otorgar concesiones de aguas nacionales para servicio público urbano a los ejidos, las comunidades, las organizaciones de colonos o usuarios que administren sistemas de agua potable y alcantarillado, en un contexto en que el municipio no pueda prestar directamente el servicio o cuando exista un acuerdo favorable del mismo municipio. Sin embargo, hay entidades federativas que si bien tienen leyes estatales del agua vigente no consideran explícitamente la participación del sector social en la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento. No es el caso del estado de Morelos, ya que el Artículo 2 nos indica: Los servicios públicos de conservación, agua potable y saneamiento de agua, estarán a cargo de los Ayuntamientos, con el concurso del Estado y sólo podrán prestarse, en los términos de la presente Ley: I.- Directamente, a través de la dependencia correspondiente o por conducto de: V.- Grupos organizados de usuarios del sector social, a través de concesión. Esta que pareciera una buena noticia estimados lectores no es así.
En la próxima oportunidad seguiré dilucidando este tema con ustedes.
*Investigador de tiempo completo en el CRIM-UNAM. Coordinador del Grupo de Trabajo Investigación, Capacitación y Difusión del NODESS Morelos solidario y cooperativo.
