Medardo Tapia Uribe*
La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) del Congreso del Estado de Morelos está en disputa, como ha ocurrido con otras entidades públicas que tienen como tarea combatir la corrupción, ni le digo de la fiscalía anticorrupción. Morelos tiene varias mediciones que lo han colocado con los más altos niveles de corrupción del país, en una de ellas con el más alto nivel de corrupción de todo el país, y por eso es muy importante cuando entra en disputa y se destituye a la responsable de una de las entidades de fiscalización y combate a la corrupción de Morelos.
La ESAF de Morelos es uno de los órganos de fiscalización del país, según la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, junto con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública Federal (SFPF), las Secretarías de la Función Pública Estatales (SFPE) u homólogas, los Contralores de Órganos Autónomos, las Contralorías de los Estados, las Entidades Superiores de Fiscalización Superior Locales (ESF) de todo el país, así como las contralorías y órganos internos de control de los municipios y del estado. Desde abril de este año se acusaba a la ESAF desde el Congreso:“requiere un cambio urgente porque no está fiscalizando el ejercicio de los recursos públicos”, según lo informó el diputado presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, “ya que ni investiga ni audita, ni mucho menos combate a la corrupción.” (abril 26, boletín oficina de diputado A. Alonso). Esta disputa tuvo como desenlace que en una sesión de miércoles 14 de diciembre fue removida la Auditora General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización; además fue acusada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos de “los delitos de peculado y ejercicio ilícito y abusivo de sus atribuciones como servidora pública” (J. C. Segundo, Excelsior Digital, diciembre 14, 2022). Como respuesta la ex Auditora General de la ESAF “acusó a diputados y ex presidentes municipales de tener intereses políticos […] y dijo que ya tomó las medidas necesarias en caso de que sus opositores modifiquen el contenido de los informes que fueron sustraidos[,] pues en ellos están consignados los desvíos de recursos de los municipioscuando algunos de ellos fueron alcaldes.” En 2021, la ahora destituida Auditora General había sido elegida por unanimidad en el pleno del Congreso del Estado de Morelos. Sin embargo, antes de esto aun con la importancia de su trabajo, la ESAF había estado “funcionando” sin un nombramiento de un(a) Auditor(a) General desde 2018, o sea inmovilizado, y se emitió una convocatoria para la designación hasta octubre 7 de 2020 (Periódico Oficial de Morelos, 2020, 6ª época, 5867) para su nombramiento hasta 2021. Y en ese mismo octubre de 2021, el Congreso de Morelos rechazó los informes de resultados de la cuenta pública de 46 entidades públicas, entre muchos municipios, varios sistemas operadores de agua potable municipales, SAPAC, entre ellos y muchas entidades públicas más, hasta la propia Universidad del estado. Esta es una estrategia de inmovilización del propio Congreso del Estado, como ocurre en otros casos, como por ejemplo cuando el sistema estatal anticorrupción estuvo prácticamente inmovilizado sin poder funcionar por diversas anomalías en el nombramiento de los miembros del Comité de Participación Ciudadana (CPC).Y es que el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Morelos debe ser presidido por un miembro del CPC. Como resultado después de varias disputas legales, el SEA de Morelos estuvo inmovilizado por varios años.
En una entidad con los niveles más altos de corrupción del país es importantísimo que todos los órganos fiscalizadores y de combate a la corrupción estén funcionando, pero también que prevengamos que estas disputas e inmovilizaciones no ocurran porque sin hacer su trabajo, además de la impunidad, los trabajos no realizados pueden quedar en el olvido. Una de las formas para evitar esto es que el Congreso rinda cuentas a los ciudadanos sobre de todas estos rechazos de cuenta pública tan importantes y no dejar que esto se quede en una maraña indescifrable de investigaciones y finalmente en el “carpetazo” y el olvido.
Esta misma semana una periodista de otro medio me preguntaba qué podemos hacer, qué puede hacer la ciudadanía, porque mucha gente de Cuautla está desesperada de los problemas de violencia que viven. Una de las cosas que hizo la ciudadanía de Ciudad Juárez fue instalar y exigiruna Mesa de Seguridad para que le rindieran cuentas, policía, poder judicial y gobierno municipal, estatal y federal. Esta rendición de cuentas a la ciudadanía fue tan importante que el propio gobierno federal se lo apropió y le llamó el Modelo Juárez de Participación Ciudadana para prevenir y combatir la violencia. El actual gobierno federal ha tratado de imitar esta acción y les ha llamado Mesas de Seguridad y Paz para cada una de las 266 regiones del país, pero con una enorme diferencia, sin que participe la ciudadanía, sino solo las autoridades de gobierno y seguridad de la federación, los estados y los municipios. Por cierto, la corrupción se concentra en todas y cada una de las entidades federativas en sus relaciones con las autoridades policiales, según los ciudadanos en la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (INEGI, 2022), pero fíjese usted que el 2 de enero se celebra el día mundial del policía por un evento que ocurrió en México y donde murieron muchos policías, vaya nuestro reconocimiento a aquellos policías de Morelos y del país en su día, a aquellos que arriesgan sus vidas para nuestra seguridad y en la que algunos han fallecido, perodesde luego no a aquellos que se dejan corromper.
*Investigador del CRIM-UNAM en Morelos
