Cuando se habla de los males que aquejan a los gobiernos y, por ende, a la sociedad, usualmente la corrupción ocupa los titulares y las conversaciones. Sin embargo, hay otro factor igualmente perjudicial que merece atención: la incompetencia en la administración pública. En México, diversos ejemplos de proyectos mal planeados y decisiones de política pública con altos costos para el erario ilustran cómo la incompetencia puede tener consecuencias tan devastadoras como la corrupción.
La incompetencia se define como la falta de habilidad o capacidad para realizar una tarea o cumplir con un rol específico. En el ámbito gubernamental, esto se manifiesta en la planificación deficiente, la ejecución ineficaz de proyectos, y la toma de decisiones poco informadas o desacertadas. A diferencia de la corrupción, que implica una mala conducta intencionada para el beneficio personal, la incompetencia puede no tener un motivo malicioso detrás. Sin embargo, sus efectos pueden ser igualmente destructivos.
En México, un ejemplo claro de esto se puede observar en proyectos de infraestructura que, pese a las buenas intenciones, terminan siendo un desperdicio de recursos debido a una mala planificación. Proyectos que inician sin estudios adecuados de viabilidad, que no consideran el impacto ambiental o social, o que se ven afectados por cambios constantes en sus especificaciones, terminan costando mucho más de lo previsto, tanto en términos económicos como sociales.
Otro aspecto donde la incompetencia se hace evidente es en la formulación de políticas públicas. Decisiones tomadas sin un análisis exhaustivo de datos, sin consultar a expertos o ignorando las mejores prácticas internacionales, pueden llevar a políticas que, lejos de resolver problemas, los agravan. Estas decisiones mal informadas pueden tener un impacto directo en la economía, la seguridad, la educación y la salud de los ciudadanos, y a menudo resultan en costos elevados para el erario.
Es importante destacar que la incompetencia no solo se refiere a la falta de conocimientos técnicos, sino también a la incapacidad de liderazgo, la falta de visión estratégica y la ineficacia en la gestión de recursos. En este sentido, la capacitación y la profesionalización de los funcionarios públicos juegan un papel crucial.
Así como la corrupción, la incompetencia debe ser reconocida y combatida con la misma severidad. Las medidas para abordarla incluyen la implementación de procesos de selección y promoción basados en méritos y capacidades, la capacitación continua de los servidores públicos, y el establecimiento de sistemas de rendición de cuentas y evaluación de desempeño. Asimismo, es esencial fomentar una cultura de transparencia y responsabilidad en todas las ramas del gobierno.
Mientras que la corrupción suele captar la atención pública por su naturaleza escandalosa, la incompetencia en la administración pública es un problema igualmente grave que merece atención y acción. A través de una mejor capacitación, procesos más rigurosos de selección y una cultura de responsabilidad, es posible mitigar los efectos negativos y asegurar que los recursos y esfuerzos del gobierno se utilicen de manera efectiva y eficiente, en beneficio de la sociedad.
*Profesor de Tiempo Completo de El Colegio de Morelos
Fuente: Elaboración con Inteligencia Artificial. Cortesía del autor
