Eugenia Roldán Cabrales* y Gabriela Mendizábal Bermúdez**
La “pensión para el bienestar de las personas adultas mayores” (pensiones no contributivas -PNC-), es una valiosa garantía y apoyo económico para cientos de mujeres de 65 años y mas que, por dedicarse durante muchos años a los cuidados de su familia y a las labores domésticas no remuneradas del hogar y no haberse incorporado al mercado laboral, no lograron acceder a una pensión de jubilación o vejez. Sin embargo, a diferencia de ellas, muchos hombres de su misma edad, además de obtener aquel beneficio, también disfrutan de una pensión contributiva -PC- surgida de las contribuciones al sistema de seguridad social realizadas durante su etapa productiva, toda vez que lograron acceder a un empleo formal remunerado, es decir los hombres cobran las pensiones para el bienestar y además cobran una pensión por cesantía en edad avanzada, vejez o retiro del IMSS, ISSSTE o ISSFAM.
Ahora, cabe señalar que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL (Hacia sistemas de pensiones no contributivos solidarios y sostenibles en América Latina y el Caribe”, 2023), ha definido a las PNC como una prestación monetaria entregada de forma regular y vitalicia a adultos mayores, cuya fuente de financiamiento provienen de los presupuestos estatales. A su vez, sus fines principales son, erradicar la pobreza en la vejez e incrementar la cobertura y suficiencia de los sistemas pensionales. Adicionalmente, en nuestro país, dicha prestación se reconoció en el año 2020 como derecho fundamental al quedar incorporada en el artículo 4º Constitucional, la cual, se garantiza con base en los impuestos generales con cargo al presupuesto federal; en consecuencia, este año, los y las mexicanas mayores de 65 años, reciben mensualmente la suma de $3,000.00.
Con base en lo anterior y de acuerdo con las cifras del 2020 ofrecidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social – (CONEVAL, Pobreza y Personas Mayores en México 2020, 2021)- los adultos mayores de 65 años que a nivel nacional disfrutan de pensiones contributivas y no contributivas fueron 8,7 millones. De esas cifras, se aprecia lo siguiente:
1. De las personas que reciben pensiones contributivas (IMSS, ISSSTE, etc.): el 22.3% son hombres, y solo el 13% son mujeres.
2. De las personas que reciben pensiones no contributivas (pensiones para el bienestar): el 33.4% son hombres y 44.3% son mujeres.
3. La población que se beneficia conjuntamente de las dos prestaciones: el 20.3% son hombres y solo el 12.2% son mujeres.
4. En el Estado de Morelos, los adultos mayores de 65 años que representan el 9.6% de la población, el 4.4% son hombres y el 5.2. son mujeres, en consecuencia, ellas son mayoría en el rubro de las PNC (INEGI, Censo 2020).
De los datos expuestos, queremos resaltar la información del punto 2, que evidencia la marcada brecha de desigualdad entre hombres y mujeres con ocasión a los ingresos provenientes de las PC y las PNC, pues observamos que ellos además de disfrutar del beneficio económico asignado por el Estado, también gozan de una pensión producto del empleo formal y por haber aportado al sistema de seguridad social (INEGI, Mujeres y Hombres en México 2021-2022, 2023). Esto es diferente para ellas, ya que la mayoría depende principalmente de la Pensión No Contributiva (PNC), porque pasaron la mayor parte de sus vidas realizando trabajos domésticos no remunerados en el hogar. Esto las ha impedido ingresar al mercado laboral y, como resultado, han tenido que renunciar a su seguridad social en términos de pensiones.
La situación descrita revela las disparidades de género arraigadas en los roles laborales y los estereotipos, evidenciados por el sesgo androcéntrico del sistema de seguridad social en México, que excluye el trabajo no remunerado del hogar de las pensiones contributivas. Esto resulta en una mayor cantidad de hombres beneficiándose de múltiples prestaciones, mientras que menos mujeres solo tienen acceso a la Pensión No Contributiva (PNC).
La «pensión para el bienestar de las personas adultas mayores» no resuelve las necesidades más apremiantes, ni garantiza una distribución justa de los recursos estatales, perpetuando la inequidad de género y la dependencia económica entre las mujeres mayores. Además, enfrenta riesgos de insostenibilidad debido al rápido envejecimiento poblacional, la disminución de las contribuciones a los sistemas de seguridad social por la informalidad laboral y el aumento del desempleo.
Por ende, es urgente adoptar estrategias para mejorar la sostenibilidad fiscal, implementar mecanismos equitativos de distribución del monto de las pensiones para asegurar condiciones dignas en la vejez y reformar estructuralmente los sistemas de seguridad social y pensiones con un enfoque de género. Esto implica reconocer las necesidades específicas de las mujeres en el mercado laboral y garantizar que los recursos públicos lleguen efectivamente a quienes más los requieren.
* Doctoranda del programa de Derecho y Globalización de la FDyCS de la UAEM.
** Profesora Investigadora de Tiempo Completo de la FDYCS de la UAEM.
