El anuncio sobre la Reforma al Poder Judicial desestabilizo la confianza de los mercados y el peso mexicano tiene varios días devaluándose. La primera reunión pública del Presidente Lopez Obrador con la próxima Presidenta de México Claudia Sheinbaum terminó con el anuncio de que se abriría el debate pues esa y otras reformas serían prioridad a la llegada de la próxima Legislatura del Congreso de la Unión. Sin embargo, en los días siguientes el Presidente AMLO ha reiterado su prioridad sobre la reforma que es vista como un acotamiento a la independencia y autonomía del Poder Judicial por muchos analistas, sin embargo, no se debate sobre la necesidad de esta. Todo es política y demostraciones de poder.
Lo primero que habría que preguntarse es si es necesaria la reforma. En mi opinión la respuesta es un SÍ contundente. Hay varias razones muy importantes. Desde la Reforma de 1994 no ha se ha actualizado a la realidad y no ha habido ninguna reforma importante que fortalezca la institucionalidad del Poder Judicial. Pero, sin duda, la razón más importante es que el Poder Judicial NO está haciendo justicia a los mexicanos. La justicia no es expedita, los juicios son largos y costosos, y el tema de la corrupción todos la padecemos ya sea en juzgados civiles, penales, laborales o administrativos. No hay manera de avanzar en un juicio sin “entrarle” en los distintos niveles del Judicial, salvo honrosas excepciones, esa y no otra es nuestra triste realidad. ¿Se necesitan más razones?
Todavía hay una razón más poderosa, se llama: “impunidad”. He dedicado otras columnas para escribir sobre el tema, y mi conclusión sigue siendo que el principal cáncer de México es la impunidad, en nuestro país puedes hacer lo que quieras, puedes violar flagrantemente la ley porque no hay un sistema funcional que te llame a cuentas. Sin duda, es un tema estructural e institucional. La ineficiencia del sistema permite que en algunos delitos como la desaparición forzada o el secuestro solo 1 de cada 100 delitos sea castigado, parte importante de esta tragedia nacional tiene que ver con la operación de los juzgados penales y las fiscalías inoperantes. Y así en general, todo el sistema, no solo en materia penal, es completamente ineficaz porque los juicios son muy largos y dependen más de las relaciones privadas de los litigantes. Los abogados más exitosos en México no son buenos abogados sino son los que más relaciones y contactos tienen en los juzgados, en los Tribunales y en la SCJN, es una realidad, el poder judicial necesita ser limpiado.
Posiblemente uno de los puntos más importantes de la reforma propuesta tiene que ver con el Consejo de la Judicatura. La creación de un órgano administrativo autónomo, como era la idea en la reforma en los tiempos del Presidente Zedillo, es insoslayable, no hay lugar para pensar en otro modelo. No debe la Suprema Corte ser el principal juzgador y a la vez quien ponga, evalúe y administre todo el poder judicial. Fue un error histórico que le dio un poder inconmensurable al Presidente de la Suprema Corte. Esté quien esté, no debe depositarse tanto poder en tan pocas manos.
Otro gran tema es la federalización del sistema, deben discutirse la integralidad, las competencias y debe desde luego revisarse el sistema a fondo sobre todo los Tribunales de Justicia de los Estados. Es de escándalo lo que está sucediendo, la intervención de los Gobernadores para imponer Magistrados que no saben y que en su mayoría son políticos, rompe con cualquier intento de establecer un verdadero sistema de justicia. No puede seguir dejándose a los Congresos Estatales reformar sus sistemas a su antojo y nombrar como quieran a sus propios Magistrados. Este nuevo Órgano Administrativo Federal debe tener facultades mínimo de coordinación para el nombramiento, capacitación, evaluación de los poderes estatales de justicia.
El gran tema de controversia es la elección de los Ministros, Magistrados y Jueces. Por mucho tiempo se ha sostenido que la independencia del Poder Judicial justo radica en esta premisa histórica de la elección de estos altos funcionarios. Lo cierto es que este paradigma está siendo desafiado por AMLO, no sabemos si fue por todos los desacuerdos que tuvo con algunos Ministros y Jueces o por el activismo político exagerado de los Ministros en retiro y actuales.
Debe reconocerse que el procedimiento actual, que impera en casi todo el mundo, es que son los representantes del pueblo, los Senadores, quienes a propuesta de una terna enviada por el Presidente eligen a los Ministros de la SCJN. No puede asegurarse que no tiene origen popular como se ha sostenido sistemáticamente, pues son elegidos por quienes tienen la representación popular expresada en las urnas, pero ahora la propuesta es que acudan directamente a ser electos por la ciudadanía. Interesante giro al procedimiento que está lleno de cuestionamientos simplemente porque no tiene antecedente histórico en México y fuera de Bolivia, que obedeció claramente a una necesidad política local, tampoco existe otro ejemplo mundial.
Me parece que si para reformar al sistema se busca una elección directa lo importante sería ver el origen de quienes serán postulados a los cargos. El trabajo de un juez, magistrado o ministro es técnico, requiere conocimiento y experiencia, no puede ni debe dejarse a la popularidad de algunos personajes pues sería un fracaso en su función. Por eso, la creación de un Consejo Técnico que proponga a los candidatos y que podría ser integrado por Rectores o Directores de las principales Universidades y Escuelas de Derecho de México, incluyendo a las Barras de Abogados, previa ratificación de su oficialidad -porque hay muchas “patito”- sean quienes postulen a abogados libres de compromisos, académicos, profesionales del servicio de carrera del propio poder Judicial, y si a partir de ahí esas propuestas de profesionales se quiere llevarlos a las urnas, pues no habría problema porque estaría garantizado el “expertise” técnico. El tema es asegurar la capacidad profesional para desempeñar la función con autonomía, conocimiento e independencia. Ahí, sí habría una revolución en el sistema.
Una última observación, es motivo de envidia ver el funcionamiento del sistema judicial de los Estados Unidos. No tengo duda habiendo estudiado el sistema de ese país que es una de las mayores fortalezas institucionales que sirve de verdad como contrapeso al enorme poder que tiene un Presidente en los Estados Unidos. Para muestra dos botones, el sistema declara culpable a un expresidente que tiene muchas posibilidades de ser Presidente otra vez; semanas después también condena al hijo del actual Presidente que también será contendiente para el cargo. Tanto Trump como Biden con todo su poder político a cuestas, no escapan al sistema norteamericano. No importa que tan poderosos sean, si violaron la ley, su sistema judicial no se las perdonará. De verdad, qué envidia y no de la buena.
Al ser un tema prioritario para nuestro país, la reforma debe ser profunda y por eso debe ser gradual. Sería un error legislar una reforma tan importante al vapor. Si el Presidente actual y la próxima Presidenta quieren de verdad sentar las bases de un nuevo sistema fuerte, integral, a prueba de balas, que verdaderamente imparta justicia en México no lo podemos hacer en un mes. Si quieren, aprobemos y discutamos el tema de la elección de los altos funcionarios del Poder Judicial -cuidado con llevar a elección a los jueces de distrito-; si quieren, de una vez avancemos en la autonomía del Consejo de la Judicatura para que NUNCA un Presidente del Tribunal Supremo vuelva abusar de su cargo, pero lo demás, la reforma integral diseñémosla con calma, con mesura.
Esta Reforma puede ser histórica, por eso hagámosla bien para que sea estructural y de fondo. Mesas, debate, consulta, encuestas, parlamento abierto, todo sí y por eso se necesita tiempo. Avancemos en una primera parte pero diseñemos algo de largo alcance. Presidenta Sheinbaum, usted decide.
