No es que estuviera cómoda ni feliz en Atlacholoaya, María Luisa Villanueva Márquez no quería salir de la cárcel porque, paradójicamente, exigía justicia.
De acusada a víctima, a lo largo de 25 años el caso de María Luisa, iniciado en su defensa como imputada de un crimen que no cometió, se transformó tanto en una muestra tangible de la forma en que funciona la justicia en México y en Morelos, como en un caso de violencia institucional.
El 6 de enero de 1998 fue detenida acusada de secuestro, sufrió tortura y abusos. Pero lo que más le dolió fue dejar en el desamparo a sus dos hijos de 11 meses y ocho años, respectivamente.
El 2 de junio de 1999 fue condenada a 30 años de prisión.Desde hace nueve años, en 2014, con el apoyo de Eutiquio Damián Santiago, su abogado, Villanueva, interpuso una denuncia penal por detención arbitraria, tortura y otras violaciones a sus derechos.
El jueves pasado, por la tarde, por mandato del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos, María Luisa fue notificada de que se le había otorgado el beneficio de la preliberación, lo que implicaría que había cubierto parte de la condena que le correspondía. Pero ella no quería salir así, sino libre y reivindicada, por eso tuvo que ser sometida por custodias del penal.
María Luisa Villanueva gritaba que no se quería ir pero, al llegar a la segunda pluma de acceso del penal femenil, la dejaron en el piso junto con unas bolsas que contenían sus pertenencias.
“Estoy en shock. Hoy al mediodía me hablaron para decirme que tenía que salir en libertad y yo les dije que no, que yo agotaría las investigaciones y me atenía a ese procedimiento, pero me sacaron por la fuerza. Yo no les firme nada”, dijo, ya afuera.
“He luchado para demostrar mi inocencia. Para mis agresores no puedo pedir consideración pues han destruido los mejores años de mi vida. Siempre me ha parecido una infamia aceptar el beneficio de preliberación porque lo considero como una limosna del poder público”.
Su abogado defensor afirma que el Tribunal Superior de Justicia incurrió en violencia institucional al otorgar el beneficio de remisión parcial de la pena, ya que se violentó el derecho a decidir y a la justicia.
No sólo eso, según Eutiquio Damián, el actual Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Luis Jorge Gamboa Olea, fue omiso cuando hace tiempo el caso llegó a su sala, “fue uno de los magistrados de la Sala que conoció del caso de la señora y omitió todas las inconsistencias del delito y las incongruencias que le imputaron, es una de las autoridades que omitió estudiar a fondo”, por eso, advirtió, “vamos con todo” en las denuncias que están preparando.
Según María Luisa y su abogado, desde que la detuvieron, hace un cuarto de siglo, nunca pudieron armar un caso en su contra congruente. Pero ni las torturas ni la injusticia sostenida lograron doblegarla.
Ayer, Gamboa Olea, informó, como si cualquier cosa, que actualmente se estudian 17 expedientes de personas privadas de su libertad que pudieran alcanzar el beneficio de preliberación, entre éstos destacan algunos que involucran a personas indígenas, quienes pudieran llevar recluidas hasta 15 años en penales de Morelos en espera de sentencia o sin que hayan sido atendidos sus casos. De paso, dijo que la liberación de María Luisa fue ordenada porque así lo pidieron las autoridades de la prisión, es decir, no porque se haya hecho justicia.
Así funciona la justicia en Morelos. De la compensación obligada por una vida destruida los especialistas en derechos humanos tendrán mucho que opinar.
