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Los libros blancos, dentro de la administración pública, se identifican con el ejercicio de rendición de cuentas. También se conoce como memoria de gestión. Se trata de dejar plasmado en blanco y negro los resultados -cuantitativos y cualitativos-, de lo que fue el trabajo de quien estuvo al frente de una institución o una dependencia de gobierno. Esta puede ser un órgano constitucional autónomo, un organismo descentralizado o una instancia de la administración pública. Esto implica que comprenda un periodo, legal o constitucionalmente determinado. Quien entrega los libros blancos puede ser designado por el poder legislativo o ser facultad discrecional del poder ejecutivo. El ejercicio de entrega de libros blancos también se ha extendido a otras instituciones, como las universidades públicas, al término de un periodo rectoral.

En cuanto al contenido, en los libros blancos es ineludible incluir como apartado principal lo relativo a las tareas sustantivas de la institución. Normalmente se establecen ejes de acción, en los cuales se detalla lo alcanzado y los faltantes, así como el impacto en beneficio de la sociedad y en las propuestas para un rediseño de las políticas públicas en la materia de su competencia. De esa manera, los analistas cuestionan al responsable de los libros blancos si “le entró” a los asuntos relevantes, si lo hizo de fondo o de mero compromiso o fue omiso o evasivo y si fue oportuno en su actuación o resolución. Esto es lo que suele ser analizado para calificar el desempeño del titular. Así, se sabe si estuvo o no a la altura de las circunstancias. Por supuesto, se debe reportar el manejo presupuestal (contratos, convenios, adquisiciones, licitaciones, etc.) explicando las decisiones en la toma de decisiones sobre el destino de los dineros públicos. En todo caso, hay que incluir en anexos las evidencias correspondientes (documentales, archivos electrónicos, dictámenes).

Ahora, mediante un ejercicio de corte académico, en el terreno de la protección y defensa de los derechos humanos y de las instituciones públicas responsables de esas tareas, se recorre un camino diferente. Más que hacer un ejercicio de entrega-recepción, se busca hacer un alto en el camino para reflexionar sobre lo andado y lo que falta por hacer. Recientemente apareció una publicación, que reúne los trabajos de diversos autores, quienes fueron o continúan siendo actores directos en el ámbito de los derechos humanos. Los coordinadores de El Libro Blanco de los Derechos Humanos buscan una modalidad distinta a la connotación a la que expliqué. Se trata de la visión de presidentes y expresidentes de comisiones públicas de derechos humanos. La edición corre a cargo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán y la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario del Sur.

De esa obra, destaco dos aspectos. Por una parte, el ejercicio de autocrítica que se refleja en algunos trabajos. Por otra, la visión práctica, más allá de la mera visión teórica-académica. Eso le otorga al libro un añadido de gran valía. Entre los trabajos se incluye la propuesta que formulamos en coautoría con Luis Raúl González Pérez, de contar con un esquema de medición del trabajo de las instituciones públicas de defensa de los derechos humanos en el país. De manera particular me referiré al contenido y propósito de la propuesta en próxima colaboración.

En ese tenor, quiero plantear que, además de esfuerzos académicos, el ejercicio de los libros blancos debe ser una obligación para los actores políticos, particularmente los titulares del poder ejecutivo federal, estatal y municipal. El ejercicio requiere ser de carácter político y no con un enfoque administrativo o legal como el que predomina en sus informes de gobierno. Lo que interesa a la sociedad mexicana son las razones o motivaciones para la toma de decisiones en materias de impacto general en la población. Deben rendir cuentas de corte político. Ese es el examen con el que pasaran a la historia como un buen, regular o pésimo gobernante. Sugiero que sea la sociedad civil y las universidades las que elaboren un listado de 12 a 15 temas sobre los cuales el gobernante que deja su cargo debe incluir en el libro blanco con enfoque político. Habrá que pugnar para que la obligación se torne legal y vinculatoria.

En el caso del gobierno que está por concluir, aquí van mis puntos que requerirían una explicación política, más que demagógica, de frente a la sociedad: 1) manejo poco científico de la pandemia; 2) ataque directo e insensato al Poder Judicial; 3) militarización de las tareas de seguridad pública y permisividad ante el crimen organizado; 4) exceso de funciones administrativas a los militares; 5) depauperación funcional en contra de los organismos constitucionales autónomos; 6) distribución deficiente e insuficiente de medicamentos entre sectores en situación de vulnerabilidad; 7) falta de transparencia como regla general en el quehacer de la administración pública, 8) insensibilidad en la atención a víctimas, al grado de no verlas ni oírlas; 9) ataque mediático y sin escrúpulos en contra de críticos al gobierno, sean periodistas, académicos, miembros de la sociedad civil; 10) la corrupción cada vez más evidente que prevaleció en este sexenio; 11) política migratoria de complacencia al gobierno americano; 12) fijar como regla el “no me vengan con que la ley es la ley”; 13) violencia electoral durante el proceso que está finalizando.

Es imprescindible instaurar para los gobernantes de nuestro país, los libros blancos de alcance político. Si la esencia con la que llegan al poder y lo ejercen es política, es preciso que en ese terreno se establezca la rendición de cuentas, como un derecho humano de alcance general , el cual es preciso sea materializado. Busquemos ese horizonte para no estar supeditado a gobiernos personalistas que solo buscan su lucimiento personal y desdeñan la realidad y la sociedad a la que se deben.

Adendum. La consigna para este domingo es salir a votar. Lo conveniente es hacerlo teniendo presenta la realidad del país y lo que hizo o dejo de hacer el gobierno.

* Investigador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) / eguadarramal@gmail.com