Recientemente María Luisa Villanueva Márquez -liberada bajo protesta tras 25 años de purgar una condena derivada de un crimen que las autoridades nunca pudieron probarle, y que ahora es activista, por derecho propio, a favor de la población en presidio-, pidió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos que su programa de preliberación “Seguir Así” sirviera para examinar cabalmente los expedientes de los presos y que no se limitara a ser pretexto para aparecer en los medios.
Afortunadamente parece ser que el programa avanza. El coordinador de Reinserción Social, Jorge Israel Ponce de León, informó que el programa valora alrededor de cuatro mil expedientes de aquellos reclusos que se encuentran por cumplir su sentencia y, de éstos, cien ya han sido remitidos al Tribunal Superior de Justicia TSJ para que los valore y, si es el caso, autorice las preliberaciones.
No podemos escatimar el valor de esta iniciativa en beneficio de personas privadas de su libertad que pueden estar así por diversas razones: desde luego, haber cometido un delito, pero también por fallas legales en el proceso, porque la defensa fue deficiente o porque el desahogo de los casos no avanza por la carencia de personal.
El mismo magistrado presidente del TSJ ha reconocido que hay un caso “de una mujer de la comunidad indígena que fue detenida junto con su esposo; él salió al año, pero ella lleva 14 años privada de la libertad sin haber accedido a un juicio para la revisión de su caso”.
El número de personas en presidio, entonces, no es un indicativo de que se está persiguiendo a los delincuentes ni de que se está haciendo justicia, sino más bien de las deficiencias en aplicarla. María Luis Villanueva dice conocer al menos dos casos de personas que deberían estar en libertad porque ya purgaron, justamente o no, el tiempo máximo de presidio que impone la ley para el delito del que fueron acusados.
En México el número de personas en los penales aumentó entre 2020 y 2022 debido al uso de la prisión preventiva oficiosa, esto a pesar de la llamada Ley de Amnistía promulgada en 2020 que hasta el año pasado solamente había beneficiado a 167 personas.
Hacia marzo de 2022, la población privada de la libertad en todo el país totalizaba 225 mil 843 según el Cuaderno de Información Estadística Penitenciaria Nacional, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), lo que significa que, de 2020 a esa fecha, esta población aumentó en 5.4 por ciento. Esto también significa que hay muchas personas en espera de ser juzgadas, el 41 por ciento para ser precisos.
De los que ya están presos, según la última Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) del INEGI que data de 2021, en Morelos, el 16.8 por ciento de presos “no han podido probar su inocencia”; el 26.4 por ciento fueron arrestados sin orden de aprehensión; el 45 por ciento fue incomunicada tras la detención; el 42 por ciento fue amenazada por las figuras de autoridad; de quienes sufrieron agresiones físicas por la policía, 40.2 por ciento fue golpeada y al 27.2 por ciento se le impidió momentáneamente la respiración y el 4 por ciento fue presentada ante el Ministerio Público después de 72 horas, entre otros hechos que podrían sugerir graves violaciones a los derechos humanos.
Ojalá continúe el programa de preliberación que podría convertirse en un ejercicio permanente con el que se pudieran corregir por lo menos parte de los derechos violentados de las personas que inicialmente deberían presumirse inocentes, y a los que la autoridad, más bien, debería encontrar razones suficientes para que ameritara arrebatarles la libertad, y no al revés.
