No hace mucho se presentó el Índice Global de Crimen Organizado 2021, un trabajo que se desarrolla en los 193 Estados miembros de la ONU, que tiene el propósito evaluar los niveles de criminalidad y de resiliencia ante la actividad criminal a nivel mundial, para analizar, comparar y contrastar una variedad de indicadores por país, por región y por continente.
Es un estudio muy amplio cuya lectura es sumamente recomendable y, quien guste, puede hacerlo, o descargarlo completo, en la página web ocindex.net.
Aunque no es un estudio anual -su alcance no lo permitiría- los datos recabados por la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Trasnacional, que tiene su sede en Suiza, aporta elementos que van mucho más allá del compendio estadístico de cantidad de crímenes o detenciones: busca definir las causas y la forma en que se puede combatir lo que se considera la amenaza más perniciosa para la seguridad humana, el desarrollo y la justicia en el mundo actual, como lo es el crimen organizado.
Así, el “nivel de criminalidad” de cada nación se mide por la presencia de mercado criminal (con qué materia hacen sus negocios los criminales) y los “actores criminales” (quiénes intervienen en la ejecución de actos considerados criminales); en contraparte, se considera la resiliencia de las naciones, conformada ésta por diversos factores como, por ejemplo, gobernanza, transparencia gubernamental, política y leyes nacionales, cuerpos de seguridad, sistema judicial, apoyo a víctimas y testigos, y acciones preventivas.
De acuerdo con el estudio, México se encuentra entre los 57 países con alta criminalidad y baja resiliencia, lo que lo hace especialmente vulnerable a que las dinámicas de la criminalidad se arraiguen aún más y provoquen impactos económicos y sociales a largo plazo.
El Índice Global considera que, en este sector de naciones, los valores democráticos y la defensa del Estado de Derecho se han visto comprometidos, lo que reduce su capacidad para abordar eficazmente el crimen organizado. “En muchos de estos países existe una tendencia a centrarse en las respuestas tradicionales a la criminalidad, como la justicia penal y las medidas de seguridad, pero resulta inevitable que estos esfuerzos se vean afectados por la falta de observancia del Estado de Derecho. Abordar los déficits de resiliencia y en particular los que se centran en la gobernanza sería un objetivo importante para esos países, aunque en muchos casos es poco realista, si no existe voluntad política”.
Un dato relevante del estudio es que los actores integrados en el Estado, es decir, que intervienen en actividades criminales cuando forman parte del gobierno o instituciones de los países, son el tipo de actor criminal predominante en el mundo. El grado de penetración de la criminalidad en las instituciones estatales varía desde una corrupción de bajo nivel hasta la captura total del Estado, pero, en todo el espectro, esta participación tiene implicaciones en la capacidad de los países para responder al crimen organizado. Se descubrió que una de las correlaciones más sólidas que emergen del Índice es la que se da entre la presencia de actores criminales integrados en el Estado y el bajo nivel de resiliencia, lo que sugiere que dichos actores pueden estar contribuyendo al debilitamiento de la capacidad y la resiliencia del Estado para prevenir los flujos ilícitos del crimen organizado.
En pocas palabras: si bien la participación del Estado en la criminalidad es un fenómeno profundamente arraigado en todo el mundo “los funcionarios estatales y las redes clientelistas que tienen influencia sobre las autoridades estatales son los intermediarios más dominantes del crimen organizado, en lugar de los líderes de los cárteles o los jefes de la mafia, como se pensaba”.
Por otro lado, entre los factores que respaldan una mayor resiliencia de las sociedades se encuentran, en primer lugar la justicia penal y las medidas de seguridad para combatir el crimen organizado. “Disponer de estas estructuras es fundamental para combatir la criminalidad, ya que los cuerpos de seguridad y un sistema judicial y penitenciario que funcione correctamente se pueden considerar las primeras respuestas a las actividades ilícitas y los actores criminales”.
Otros factores positivos son una cultura democrática, rendición de cuentas, transparencia y actores sociales respetados, como serían los llamados activistas y defensores de derechos humanos.
Este estudio da mucho qué pensar, pero demuestra que, si se quiere detener a un ladrón o asesino, hay que tener una policía eficiente; pero si se quiere erradicar la criminalidad profunda, quizá habría que empezar por otro lado y, aquí, el Estado debería mirarse a sí mismo.
