Ayer se cumplieron ocho años de la declaratoria de Violencia de Género en otros tantos municipios morelenses: Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec.
Ocho años en los que la violencia en razón de género en nuestro estado ha estado lejos de frenarse, al contario: en el 2022, Morelos terminó a la cabeza de feminicidios a nivel nacional y, en este 2023, muestra una preocupante tendencia a rebasar sus propias estadísticas.
Vale la pena recordar que la Alerta de Violencia de Género (AVG), supuestamente, es un mecanismo de carácter temporal y excepcional, destinado a hacer frente a situaciones de emergencia en las que la violencia de género ha alcanzado niveles críticos y requiere una respuesta integral y coordinada de las autoridades.
Desde luego no solo incluye feminicidios, que es la última expresión de la violencia de género, sino muchos otros problemas cuya reiterada aparición puede indicar una percepción torcida del papel de la mujer en una comunidad.
Así, la AVG es una respuesta gubernamental y social ante la grave problemática de diversos tipos de violencia como la desaparición de mujeres y niñas, la trata de personas con fines de explotación sexual, la violencia sexual y la discriminación -laboral, económica, política, educativa y social- de las mujeres.
La emisión de una AVG implica una serie de acciones y medidas de carácter urgente para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. Algunas de ellas que pueden aplicarse son el reforzamiento de las instituciones y mecanismos de prevención y atención de la violencia de género, la implementación de políticas públicas y programas específicos, la creación de protocolos y herramientas de atención a víctimas, la capacitación para funcionarios públicos y agentes de seguridad, la puesta en marcha de campañas de sensibilización y prevención; la instauración de acciones específicas para garantizar la seguridad y protección de las mujeres en riesgo.
En lugar de la oportunidad para mejorar las condiciones de vida, no solo de las mujeres, sino de toda la comunidad, la AVG se ha visto como un estigma o un oprobio que, salvo por raras y aisladas iniciativas, los gobiernos en Morelos han preferido esconder bajo el tapete mientras aseguran que se está atendiendo.
Hace ocho años que se estableció esta medida “excepcional y temporal” en nuestro estado; en 2015 ninguno de los funcionarios de primer nivel que actualmente se encuentran en activo en el gobierno estatal o en los municipales estaban en funciones, y ninguno ha sido capaz de levantar la insignia y aprovechar a profundidad esta ventana de oportunidad de una manera sostenida e integral.
Hace unos meses, cuando la Comisión Independiente de los Derechos Humanos (CIDH) presentó su balance anual respecto a la violencia de género en Morelos, y observó que 2022 había sido el peor año para la seguridad de las mujeres desde que se tienen registros, algunos propusieron que la Alerta se ampliara a todo el estado y algunos otros preguntaron qué utilidad tendría, pues los municipios en que se había registrado el mayor número de casos en 2022 eran, precisamente, los que ya tenían la AVG.
Ayer, el Instituto de la Mujer en Morelos reconoció que los esfuerzos por combatir la violencia de género en Morelos han sido insuficientes y sugirió la creación de “un sistema estatal” para combatirla. Al respecto, cabe preguntarse nuevamente: ¿Crear más burocracia, para qué?, si lo que han demostrado tanto la administración estatal como las municipales es que no tienen la suficiente imaginación o inteligencia para aprovechar esta medida, que tienen dispuesta desde hace ocho años.
