Una perspectiva desde la seguridad social
Gabriela Mendizábal Bermúdez y Juan Francisco Astudillo Tenorio*
La migración como derecho humano es inherente a la condición de ser humano e históricamente ha servido para cambiar su lugar de residencia con el objetivo de proteger su integridad física y la de su familia, mejorar su calidad de vida, empleo o medios de subsistencia. Por mucho tiempo, las causas de la migración principalmente se debían a cuestiones económicas y de precariedad o inseguridad; actualmente también el cambio climático ha exacerbado la vulnerabilidad de familias enteras.
En un contexto global, en el que existe una desigual distribución de la riqueza, el empleo y el acceso a los derechos sociales, se requieren medidas positivas para generar oportunidades en respuesta al aumento de la migración. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas a finales del 2019 hubo 79.5 millones de personas desplazadas a la fuerza en el mundo; de ellas 26 millones son personas refugiadas y más de la mitad son menores de 18 años. Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones señala que en 2020 hubo 281 millones de migrantes, casi el 3.60% de la población.
Hoy en día, el principal corredor migratorio en el mundo se conforma por México-Estados Unidos de América (EUA) Y México tiene 10.9 millones de personas migrantes en EUA, que representan el 97% de los mexicanos residentes en el exterior. Además, la migración ha cambiado y México ya no solo es país expulsor y de tránsito, sino que se ha convertido en país de destino de la migración. Durante el periodo de enero a mayo de 2023 se estima que hubo un total de 182,049 personas viviendo en situación migratoria irregular en el país, según estadísticas del Instituto Nacional de Migración (INM), aunque la realidad supera por mucho a las estadísticas oficiales.
Ante esta realidad, existen ciudades como Ciudad de México, San Francisco y Nueva York que se han autoproclamado como ciudades santuario. Sus características son las siguientes: 1ª Brindan protección a los inmigrantes a través de políticas que limitan la colaboración entre las autoridades locales y las agencias federales de inmigración, brindando un ambiente seguro para los inmigrantes, incluidos aquellos en situación irregular. 2ª Permiten el acceso de los inmigrantes a servicios básicos como atención médica, educación y vivienda, sin importar su estatus migratorio. 3ª Promueven la igualdad y la no discriminación, ofreciendo protección legal a todas las personas, independientemente de su origen étnico o nacionalidad. 4ª Promueven la cooperación comunitaria, organizaciones civiles y las autoridades locales para proteger los derechos de los inmigrantes y promover una convivencia inclusiva. 5ª Llevan a cabo campañas de sensibilización y capacitación para promover la comprensión y el respeto hacia los derechos de los inmigrantes.
Una ciudad santuario tiene como objetivo garantizar un trato equitativo e inclusivo, destaca su compromiso con la protección de los derechos de los inmigrantes, ofreciendo un entorno acogedor y seguro donde todas las personas puedan vivir con dignidad y sin temor a la persecución.
Tomando en consideración que el Estado tiene la obligación de establecer y revelar las mejores vías legales, políticas y culturales para incluir de manera efectiva a las personas migrantes sin vulnerar sus derechos, pues con base en artículo primero de la Constitución Mexicana, las personas son merecedoras de los derechos humanos establecidos únicamente por ser seres humanos. Por lo tanto, es fundamental fomentar la colaboración entre el Estado, las instituciones gubernamentales, las organizaciones civiles y las empresas.
Es decir, no solo se trata de una cuestión de voluntad, sino de la posibilidad de acceder a derechos y superar obstáculos que se presentan en un entorno distinto, en ocasiones adverso y hostil; incluyendo los aspectos legales tanto a nivel internacional, como nacional. Esto se alinea con los compromisos internacionales en los que México participa, en términos de promover una migración segura, ordenada y regular. En ese contexto, se requiere especial atención a los riesgos sociales para reducir los peligros y vulnerabilidades de las personas migrantes durante su trayecto. Y es aquí donde la seguridad social se presenta como la mejor opción para enfrentar aquellas contingencias que puedan surgir durante su paso, tránsito o estancia en el país, incluyendo aspectos como atención médica, medicamentos, alimentación adecuada y vivienda digna, entre otros.
En específico, Morelos colinda con México y la Ciudad de México, Puebla y Guerrero, que son lugares con alto índice de migrantes en situación irregular provenientes de Haití, Honduras y el Salvador, principalmente.
Desafortunadamente no hay datos oficiales sobre el aumento de personas migrantes en situación irregular en el estado; sin embargo, todos somos testigos del crecimiento silencioso. Solemos verlos realizando actividades económicas informales o en los semáforos pidiendo limosna y también solicitado trabajo de puerta en puerta.
Morelos, bajo el slogan “Anfitrión del mundo” podría implementar estrategias para incorporar personas en situación migratoria irregular en el país al campo laboral estatal en caso de ser necesario y determinar una verdadera política migratoria. Es necesario crear los mecanismos jurídicos y sociales de acceso al empleo formal y a la seguridad social para todas las personas migrantes y promover su regularización. La omisión ante esta tarea del Estado aumenta la inseguridad pública, la xenofobia y la violencia en general.
*Profesora-investigadora y profesor de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
