Considero que hay 3 máximas en materia de administración pública y buen gobierno: saber, querer y poder, las cuales se identifican con reglas de actuación de quienes son los titulares o responsables de alguna instancia de gobierno, una dependencia de la administración pública (federal o local) o una institución del Estado.
Las 3 se traducen en que dichos funcionarios públicos deben tener conocimiento técnico especializado sobre el área de su responsabilidad. Lo contrario implica ignorancia de actuación. Deben contar con propósito firme y decidido de resolver problemas y no ser omiso en cumplir sus obligaciones legales y normativas. Lo contrario implica irresponsabilidad personal. Deben actuar conforme a las facultades que le confiere la ley y no excederse en sus funciones, ni quedarse corto o inhibirse de actuar cuando requieren hacerlo. Lo contrario implica incapacidad, arbitrariedad e ineptitud en el cargo.
El saber se corresponde con el perfil de la persona (tener aptitud para el cargo). El querer se corresponde con la actitud ante la responsabilidad que se asume (tener firmeza y visión de acción). El poder se corresponde con el compromiso frente a la sociedad (tener conciencia institucional y de respeto a la ley).
Es claro que cuando una persona no cumple las tres condiciones o una o dos de ellas, es decir, que no sabe, no quiere o no puede con el cargo, no debe ocuparlo o, en su caso, no debe continuar en el mismo, pues provoca magros y deficientes resultados, debilita a la institución que representa, devalúa el servicio público y genera, en la sociedad, desconfianza y falta de credibilidad. Sin soslayar que incurre en conductas contrarias a la ley.
Es factible encontrar combinaciones entre las 3: querer actuar, pero no poder ni saber hacerlo. O bien saber actuar, pero no querer o no poder hacerlo. O bien tener el poder de actuar, pero no saber como hacerlo o no querer hacerlo o hacerlo arbitrariamente. La consecuencia sigue siendo la misma: la persona en cuestión no está apta(o) o es incapaz para desempeñar el cargo.
El análisis de estas variables permite evaluar de manera individual a quienes integran el circulo inmediato o tomadores de decisiones de la administración pública de un gobierno y calificar su eficiencia y eficacia frente a la sociedad. Los resultados exhiben, para bien o para mal, a toda la administración o, desde el enfoque personal de su titular, a una dependencia o institución en particular. Aquí no cabe la argucia de “tener otros datos”; simplemente se determina si una persona es la idónea o es capaz para el cargo que ocupa o pretende asumir.
Cuando el titular del Ejecutivo federal impone la regla fáctica para los funcionarios de primer nivel del 90% de lealtad y sólo el 10 % de capacidad, está evadiendo -con descaro-, las 3 máximas señaladas y está privilegiando cuestiones ideológicas y partidistas por encima de la exigencia de responder con resultados y buena gestión. En su lógica de actuación, los ungidos únicamente están obligados frente a quien los designa, por lo cual su accionar es más político que de buena administración. El propio presidente de manera cotidiana hace gala de su poder abusivo, pues sin conocer de muchas materias impone lo que quiere y cómo lo quiere, aunque no sea lo mejor para los intereses mayoritarios del país o vaya contra la ley. Hace tres días hizo pública su propuesta de reforma constitucional, con impacto en instituciones clave (poder judicial, órganos constitucionales autónomos). En las siguientes colaboraciones reflexionaré sobre el particular.
En el caso de los órganos constitucionales autónomos, la relevancia de su papel en la democracia del país exige contar con un esquema reforzado en la designación de sus titulares. Es imprescindible cumplan con las 3 máximas (saber, querer y poder). La gravedad de no hacerlo se magnifica en perjuicio de la colectividad y de los derechos humanos, que están obligados a defender y preservar.
Qué decir de la titular de una institución autónoma (CNDH), que en el tiempo que lleva de su administración, ha dado muestra de no ejercer a plenitud sus facultades o no actuar en casos de obligada investigación. Lo menos, que muy probablemente reciba indicaciones o insinuaciones, o que actúa por conveniencia o identificación ideológica (cuando la primera condición que se le exige es que se mantenga al margen o ajena a cuestiones políticas). Al llegar al extremo de proponer ¡desaparecer a la institución!, bajo una eufemística y supuesta transformación, en realidad esta declinando irresponsablemente su autonomía de actuación. Es una muestra de un esquema acomodaticio personal, que busca coincidir con los deseos del jefe del movimiento al que pertenece.
Ante el próximo cambio de administración y de titulares de órganos constitucionales autónomos habría que poner bajo la lupa a quienes su trayectoria los coloca entre quienes no saben, no quieren o no pueden con el cargo. Ellos tienen que ser excluidos de ocupar cargos importantes. Está en juego el mejor desarrollo institucional.
Los que integren la próxima administración federal y local (en entidades federativas que cambian de gobernador) y los nuevos responsables de instituciones autónomas están obligados a acreditar perfil, actitud y compromiso ante los retos que enfrenta nuestro país. No hay de otra.
* Investigador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. eguadarramal@gmail.com
