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Los impecables argumentos para impugnar a Cuauhtémoc Blanco

 

En este espacio habíamos advertido ya que la determinación de Cuauhtémoc Blanco de no solicitar licencia a la gubernatura de Morelos para contender por la diputación federal plurinominal a la que fue nominado por Morena, volvería impugnable su candidatura. Al Cuauh le valió y advirtió que estaba preparado para las impugnaciones. El lunes, el representante del PRD ante el Instituto Nacional Electoral, interpuso el primer recurso de apelación en contra del acuerdo que declara procedente el registro de la candidatura del mandatario.

El PRD y sus aliados en Morelos han dado al recurso un carácter de elemento de campaña, aduciendo que el gobernador pretende extender el fuero constitucional para protegerse de probables acciones penales en su contra por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de su encargo. Pero lo realmente interesante de la queja radica en la sustancia jurídica de la misma que podría obligar a las autoridades electorales a entrar en un tema que no ha sido lo suficientemente discutido y permite interpretaciones que vulneran definitivamente la equidad de las contiendas electorales en las que participan funcionarios aún en sus cargos.

Aunque las constituciones federal y local establecen prohibiciones aparentemente claras para que los mandatarios estatales no puedan competir en procesos electorales mientras dure su mandato, lo cierto es que en México se han dado interpretaciones que, probablemente abusando del principio pro persona (el derecho debe beneficiar a la gente), permitieron que dos gobernadores antes se postularan para representaciones legislativas, ambos en el Senado de la República. Uno de ellos renunció y otro no, pero el tema no se ha discutido a fondo en el Tribunal Federal Electoral. Si el PRD logra que la máxima autoridad en materia jurisdiccional-electoral discuta a fondo el tema y se pronuncie definitivamente al respecto, el partido seguramente habrá logrado mucho más en estos meses que en los últimos cinco años.

No podríamos decir, porque mentiríamos, que el asunto es apasionante, -los temas jurídicos difícilmente lo son. Pero lo que sí resulta interesantísimo, por lo menos en el papel, es que los argumentos del PRD resultan incuestionables. El poder y acceso a recursos de un gobernador no es ilimitado, pero sí enormemente mayor que el de ciudadanos que pudieran contender por un cargo público; es decir, hay un desequilibrio en la contienda. El gobernador de Morelos es, aunque nunca quiera reconocerlo y menos asumirlo, el jefe máximo de las fuerzas públicas estatales y también de las policías preventivas municipales, lo que le aporta los elementos materiales y humanos para poder coaccionar el voto ciudadano. El que la Constitución no especifique una distinción entre el principio por el que se eligen los diputados y senadores en el párrafo en que prohíbe expresamente a los gobernadores contender por curules y escaños, significa que se trata de la generalidad, es decir, los mandatarios no deberían ser candidatos a diputados o senadores, sea de mayoría relativa, representación proporcional, o en el caso de los segundos, primera minoría. Si hubo faltas a la ley antes, podrían corregirse ahora.

Faltará ver los argumentos con que el INE y en su caso, el Tribunal Electoral, resuelven el asunto. De no alinearse a los expuestos por el PRD, que cancelarían el registro de Blanco Bravo, seguramente serán también de antología.

Lo otro será ver el impacto que la impugnación y sus efectos tengan en la configuración de fuerzas local tanto al interior como fuera de Morena. Si la candidatura de Cuauhtémoc Blanco se cayera por una decisión tomada por él mismo (no solicitar licencia al cargo), Morena tiene formas de reponerlo (hay un suplente), pero probablemente el mandatario sentiría que el partido que lo recibió hace apenas un año y medio aún le debe muchas cosas.

La presión que el equipo de Cuauhtémoc Blanco ha ejercido al interior de Morena Morelos para hacerse de candidaturas a toda costa y en las tres regiones del estado. Blanco y su equipo buscan imponer las nominaciones a las presidencias municipales de Cuautla, Jojutla, Jiutepec, Temixco y otros municipios; y a por lo menos cuatro distritos locales. Esto además de haber logrado la primera posición en la fórmula al Senado y dos en las de diputaciones federales. El gobernador y los suyos creen que merecen mucho más.

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En esta etapa de definir candidaturas en Morena, todos van contra todos. Así que no resulta extraño ver a los morenistas peleando y pagando supuestas encuestas y publicidad en redes sociales para presentarse como los únicos que pueden ganar en la contienda constitucional. A lo mejor se olvidan de que, quien les enseñó el método para lograr que una encuesta dé el resultado exacto que uno quiere, es también quien evaluará “los mejores perfiles” para postular candidatos.

Malo que la abundancia de publicaciones de encuestas (con metodología y muestra oculta), haga perder al público la poca fe que aún en las mediciones de opinión pública, que en política tendrían que ser una herramienta fundamental para la toma de decisiones en diseño y aplicación de políticas públicas; elaboración, reformas y derogación de leyes; destino del gasto gubernamental y otros temas públicos. A los irresponsables aspirantes y a muchas empresas encuestadoras parece no importarles el destruir una práctica científica tan relevante.

Probablemente, por el bien de la demoscopía, valdría la pena entrarle a una mayor amplitud y rigor en las obligaciones de publicar la metodología de cada encuesta que, debería incluir, por ejemplo, hasta los lugares donde se aplicó la encuesta.

@martinellito

martinellito@outlook.com