¿Hubo acuerdo entre Graco y Cuauhtémoc?
El pleito entre Graco Ramírez y Cuauhtémoc Blanco inició allá por el 2015. Fue creciendo a través del tiempo al grado que el exgobernador trató de frenar por todos los medios la carrera en la política del gobernador con licencia. Buscó desaforarlo y como no tuvo éxito, luego intentó minar su candidatura para el gobierno estatal. Eso tampoco funcionó y entonces encabezó los esfuerzos por descarrilar su triunfo en las urnas, pero el poder político y la influencia de Graco en la ciudadanía ya era prácticamente inexistente, así que el de Tepito ganó en las urnas.
Cuauhtémoc Blanco también tuvo sus agresiones, cada vez que estaba frente a los micrófonos como alcalde le daba sus recargones a Graco Ramírez, marchó en su contra “por la seguridad y la paz”, y fincó su campaña en la promesa de meterlo a la cárcel. Ya en el gobierno, hasta contrató a uno de los más grandes críticos del tabasqueño, Gerardo Becerra, y le puso una oficina específicamente para perseguir la corrupción que habrían cometido Graco Ramírez y los suyos, amigos parientes y algunos colaboradores.
A casi una década del pleito más sonoro entre políticos en Morelos (conste que no dijimos morelenses), Graco Ramírez y Cuauhtémoc Blanco están relativamente ilesos. Sus reputaciones no son siquiera un poco cercanas a las que tenían antes, pero en cambio ya fueron gobernadores con todos los beneficios y prestaciones legales y extralegales que eso conlleva.
Como nunca fue un pleito entre iguales (uno era gobernador y el otro no), extraña que se hayan hecho tan poco daño. Mucho más cuando la oficina que Cuauhtémoc Blanco había montado para perseguir a Graco Ramírez fue prácticamente desmantelada incluso antes que, más por dignidad que por deseo, Gerardo Becerra decidiera renunciar al cargo para el que su entonces aliado político lo había nombrado.
Menos de un semestre después de que Gerardo Becerra iniciara sus pesquisas desde el gobierno estatal, llegó a Morelos Ulises Bravo Molina, el hermano del gobernador, Cuauhtémoc Blanco. Poco a poco, Bravo Molina fue acumulando poder y desplazando a quienes entonces tenían la confianza del gobernador. Hugo Eric Flores, Pablo Ojeda Cárdenas y José Manuel Sanz Rivera, vieron cómo se diluía su poder e influencia en el gabinete mientras la de Ulises crecía en todos los espacios del gobierno estatal.
En paralelo, se supo de reuniones entre altos funcionarios de la administración de Cuauhtémoc Blanco y el exgobernador Graco Ramírez, que coincidieron o provocaron el no acelerado, pero sí constante, desmantelamiento de la oficina del comisionado anticorrupción del gobierno estatal, quien a principios de octubre del 2021 presentó su renuncia.
Un probable pacto para no perseguir a Graco Ramírez explica, para Becerra, muchas de las cosas que fueron ocurriendo aún pese a que las declaraciones del gobernador insistían en que su antecesor debería ir a la cárcel y que si eso no ocurría era por la presunta protección que se le daba desde la Fiscalía Anticorrupción.
Lo cierto es que Gerardo Becerra no tiene quejas contra el fiscal Juan Salazar Núñez. Al contrario, le reconoce el haber llevado a procesos judiciales a casi una veintena de excolaboradores de Graco Ramírez, relacionados directamente con él o con su hijastro, el entonces poderoso Rodrigo Gayosso. Si la protección denunciada no viene de la Fiscalía Anticorrupción, ¿quién ampararía al exgobernador?
El pacto se habría dado en un hotel de la Ciudad de México, donde los involucrados habrían acordado algo para desactivar las investigaciones de los casos de probable corrupción. Pero salvo ese detalle, no parecería haber más elementos para presumir que Graco y Cuauhtémoc Blanco hubieran pactado algo. Tampoco parece, francamente, que el exgobernador hubiera tenido algo interesante para ofrecer, su influencia política en el estado es muy reducida, aunque haya quienes le conceden poderes metahumanos; su esfera no se parece en nada a la de Blanco; y las declaraciones de Cuauhtémoc Blanco contra Graco Ramírez, si bien se han espaciado hasta aparentemente diluirse, esto ocurrió mucho después del retiro de Becerra en 2021.
Lo que sigue llamando la atención es que el aparente daño sobre cualquiera de ambas figuras, y conste que había cómo llevar a cualquiera de ambos a tribunales, no pasó a mayores.
Lástima, porque mientras los escándalos de corrupción en la actual y anterior administración siguen mayormente impunes, la percepción de la deshonestidad política y gubernamental crece más en la ciudadanía y las sospechas del uso político de la Fiscalía Anticorrupción parecen aumentar también sin importar las probables buenas intenciones de Juan Salazar, el titular del órgano cuyas tomas de decisiones a veces coinciden muy lamentablemente con tiempos más políticos que jurídicos.
Mientras todo eso pasa, nada nos permite pensar que haya un proyecto anticorrupción en las candidatas que pueda funcionar con estructuras de la administración pública que parecieran tolerar y hasta fomentar la corrupción, por muy honestas que pudieran ser las cabezas de los gobiernos (algo que, por cierto, tampoco hemos tenido en por lo menos dos sexenios en Morelos). Pero del lado del optimismo la ciudadanía podría presumir que lo único que no nos pueden robar es la esperanza, creemos.
@martinellito
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