Lizeth Juliana García Atra y Gabriela Mendizábal Bermúdez*
A nivel mundial, se ha establecido el derecho a la salud para pueblos y comunidades indígenas en instrumentos jurídicos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo o la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Igualmente, en México, atendiendo a su carácter esencial y fundamental. Es decir, se intenta garantizar sus derechos a la salud a través de las normas jurídicas, implementando planes de acción en salud y reconociendo su medicina tradicional.
En América Latina varios países buscan garantizar el derecho a la salud de los pueblos indígenas generando normatividad específica para ello: a) en Argentina, se cuenta con una Política Indígena y de Apoyo a Comunidades Aborígenes; b) la Constitución boliviana enuncia que el Estado debe protegerlo, a través de políticas públicas asociadas; c) en Chile, el Ministerio de Salud está obligado a formular políticas de salud intercultural; d) en Colombia, el Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural pretende su protección; y e) Ecuador cuenta con una Dirección de Salud que convalida medicinas ancestrales.
En México, el artículo 2° constitucional hace énfasis en la importancia de los derechos de los indígenas; asimismo, la Ley General de Salud señala, como servicio básico de salud, la asistencia social para estos. Pese a la existencia de estas normas, la riqueza étnico – cultural del país y a que debe buscarse el desarrollo integral de los indígenas, se presentan desigualdades entre la población considerada como indígena y no indígena, en términos financieros y de atención a la salud. Es un derecho que no logra garantizarse plenamente en el país y para esta población son mayores las deficiencias en la prestación de servicios médicos, falta de infraestructura, recursos humanos de salud, equipamiento hospitalario y abastecimiento de medicamentos y particularmente la falta de reconocimiento a la medicina ancestral.
La mayor parte de la población que se identifica como indígena, según las estadísticas del INEGI que registró 23 millones en 2020, reside en zonas rurales, lo que limita su acceso a la atención médica debido a las dificultades para desplazarse hacia centros de salud. A pesar de los esfuerzos de varias entidades gubernamentales a lo largo de los años para hacer efectivo ese derecho para este grupo de personas, la calidad de la prestación del servicio es deficiente. Ahora, ¿cómo se ve plasmada esta afectación en el Estado de Morelos? Antes, debe decirse que el Estado concentra -mayormente- comunidades Nahuas; para estas la salud implica estar en adecuadas condiciones físicas, espirituales y psicológicas; las enfermedades son tratadas por terapeutas tradicionales, se acude a plantas medicinales o rituales de curación. Su medicina tradicional se combina con prácticas alópatas.
Pero ¿qué ocurre cuando se requiere atención especializada? Regularmente, se dificulta este acceso. De manera muy reciente se vienen impulsando iniciativas al respecto por parte de la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud a través de un Modelo Intercultural de Atención en Salud (en el orden nacional) y de los Servicios de Salud de Morelos (a nivel local); estos están enfocados -principalmente- en atender problemas de alcoholismo, maternidad y vacunación en las comunidades, aunque históricamente estos pueblos se hayan visto enfrentados a situaciones mucho más complejas como la negativa en la prestación del servicio de salud por falta de recursos económicos o deficiencias de infraestructura, así como a una discriminación que limita la atención especializada.
Entonces, ¿qué se requiere para avanzar la concreción del derecho a la salud de la población indígena? Creemos que es necesario incrementar la implicación de este grupo en la toma de decisiones que les impacten, no solamente mediante la consulta previa, sino también mediante la creación de foros locales y regionales donde las autoridades y representantes indígenas puedan expresar sus requerimientos y necesidades actuales. Los programas de gobierno deben considerar sus medios de vida e integridad cultural, valiéndose de estudios y análisis multi y transdisciplinares, respecto a la realidad social de los pueblos originarios; también se deben fortalecer los mecanismos de protección ante contingencias de la vejez mediante un sistema de seguridad social que los contemple; considerar experiencias de éxito en Latinoamérica (particularmente, la boliviana y ecuatoriana) para diseñar medidas de garantía y cobertura universal, así como medir el impacto y efecto de las iniciativas destinadas a mejorar su salud como ocurrió, recientemente, con la inclusión en el Plan de Salud del IMSS de 753 médicos comunitarios en distintos pueblos, a nivel nacional.
* Doctoranda del Doctorado en Derecho y Globalización y Profesora-investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
