Javier Jaramillo Frikas*
Ultima función Este jueves se cumple el término legal para publicar en el periódico oficial del Estado, el presupuesto 2023 que usarán los tres poderes legales y sus órganos autónomos, así como la Universidad Autónoma del Estado. Llevado al extremo por la falta elemental de acuerdos, este paquete económico trae consigo todo un año de abierta confrontación entre dos de los tres poderes: el que encabeza el ejecutivo Cuauhtémoc Blanco y la fracción mayor de legisladores —quince de veinte— y difícilmente en cuatro días va a funcionar como lo desea el ex futbolista y su equipo cercano. Cada uno de los capítulos de la pasional relación gobernador—diputados han sido ventilados oportunamente por medios locales y algunos nacionales. Un camino atropellado donde se han dado de todo, con aderezos terribles, jamás vividos en ese tipo de tratos en la política, como la ejecución de una legisladora, Gabriela Marín Sánchez, nativa de Morelos por cierto. En un ambiente muy pesado con olores pestilentes emanados de la incapacidad, encima de todo, del equipo ejecutivo, los ciudadanos morelenses hemos atestiguado eventos extra-ordinarios en los espacios del poder público. ¿Que va a pasar con el presupuesto del año que arriba en días? Nadie lo ha explicado a bien, pero es cuestión de horas. En el contexto de lo que la mayoría “opositora” aprobó, los incrementos a rubros indispensables como seguridad, salud, el campo, o dar autonomía financiera al Tribunal Superior de Justicia, o los 200 millones que ayudaría fuerte a la UAEM, la estrategia mediática del gobierno bravista, sobresale 100 millones de aumento al legislativo sobre la aceptación que sobre la mitad del paquete económico —que sería algo así como 15 o 17 mil millones de pesos—. Para la revisión, dirían en el VAR, para que se entienda en el lenguaje de “La Burbuja”. En este “dilema” u argumento, la posición de la tribu cuauhtemista, es puesta en evidencia. La ventilación pública de un asunto de siempre como la libre transferencia, muestran a la sociedad un gran punto negro ya existente oculto oficialmente:
La discrecionalidad de los gobernadores para, sin fiscalización ni transparencia alguna, muevan dinero que no se refleja en el bienestar social. ¿Se lo robaban? En tanto no demuestren lo contrario, eso parece elemental.El modo de operar este ejercicio arbitrario, tiene “pinta” legal: si una dependencia o sector, una contingencia mayor o desastre natural, requiere de algo que no etiquetaron en el presupuesto. Ahí, mero ahí, muchas transferencias no llegan a su destino, o iban al “del interés del ejecutivo”, por ejemplo en los gobiernos anteriores, los instalados con el milenio en su primera década, Pagos por Evento a diputados, por hacer o deshacer la ley. Ese es el punto mayor para el ejecutivo y su círculo, Justo lo que hace menos atractivo el oficio de gobernar. Y dicen que “la libre transferencia” existía en dos entidades del país, Durango y Morelos, y con la acción de los 15 legisladores, hoy solo queda la tierra donde nació Pancho Villa. Impensable en tiempos cercanos varios puntos donde destacamos dos: — Históricamente el gobernador decidía cuánto recibían los poderes judiciales y ejecutivo, la Universidad y los organismos autónomo. No existía discusión, porque tenían la mayoría calificada o, simple, compraban voluntades que ahora toman forma, la disposición de mucho dinero, decenas o centenas de millones de pesos por vías como “la libre transferencia”. — El que los 15 diputados lo hagan público, quita interés a los que metidos en la política, desacostumbran la transparencia y rendición de cuentas. Este tema va a ser fuertemente manejado en estos días, en horas podemos afirmar, porque la maquinaria ejecutiva ha sido fuertemente averiada, y lo apuestan todo a las guerras mediáticas, de preferencia en lodo putrefacto. La oficina de la comunicación política funciona Justo ahí, en el lodo, y aunque ocioso, siempre será bueno alertar a los cercanos a protagonistas. Dirían en las calles: —“¡Hay tiro!”.
*Columnista Político
