Por Gabriela Mendizábal Bermúdez* y Yaril Díaz Castañeda**
Los niños, niñas y adolescentes hacen parte de un grupo que requiere de una protección especial en cualquier estado al que pertenezcan, puesto que se encuentran en una etapa determinante en su desarrollo, situación que los vuelve vulnerables cuando no se tiene un acceso efectivo a sus derechos elementales.
En ese sentido Amnistía Internacional señala que, los niños y niñas constituyen posiblemente el grupo que corre el mayor riesgo de sufrir pobreza, desnutrición y abusos.
La convención de los derechos del niño del año 1989 es el instrumento más importante en la proteción de este grupo etario, contempla una serie de derechos que los paises miembros deben otorgar a la niñez dentro de sus territorios, entre los que destacan: la salud, alimentación, vivienda, educación, equidad, entre muchos otros que completan el esquema de su protección. En ese mismo sentido, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, contempla que esta protección nace primordialmente como un instrumento que el estado debe dar a las familias, para que estas puedan acceder a los servicios y programas encaminados a dotarles de un nivel de vida digno que les permita a su vez velar por el bienestar de sus hijos.
Al confrontar los derechos reconocidos de la infancia y la adolescencia con la realidad que se vive en México, encontramos que uno de cada dos niños, niñas o adolescentes vive en pobreza, es decir, cerca de 19.5 millones. Los números en Morelos son más alarmantes aún, pues los datos del “Informe de pobreza y evaluación 2020 para Morelos” del CONEVAL señalan que 343,600 menores de edad se encontaban en situación de pobreza en el año 2020, es decir, un 58.9% del total de los niños morelenses.
La pobreza juega un papel determinante en el acceso a los derechos sociales de este grupo, como ejemplo, se puede citar la deserción escolar en la entidad. De acuerdo con el INEGI (Tasa de abandono escolar por entidad federativa según nivel educativo), del año 2018 al 2021, 22 mil menores de edad, en su mayoría de nivel secundaria, dejaron de estudiar para emplearse en algún trabajo y ayudar a sus padres con los gastos del hogar, cuando los niños deberían estar en las aulas, estudiando, preparándose y generando mejores condiciones de vida para su futuro, pero las carencias y necesidades que el estado tiene la obligación de cubrirles, están insatisfechas, por lo tanto, se ven obligados a abandonar su educación.
A lo anterior debemos sumarle un nuevo problema, pues el pasado primero de junio, se dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación, la eliminación de 35 normas oficiales entre las que se encuentra la 032-SSA3-2010, que contemplaba la prestación de servicios de asistencia social para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad y en la cual se establecían las condiciones mínimas que debían satisfacerse en la prestación de los servicios de cuidado, atención, alimentación y alojamiento dentro de casas hogares, guarderías, centros de atención a la salud, albergues, estancias infantiles, entre otras, que luego de la cancelación anunciada de esta norma, ya no tendrán un estándar mínimo de seguridad y calidad en sus servicios, puesto que no hay justificación dentro del propio acuerdo que explique su cancelación, ni se menciona alguna norma supletoria al respecto. Si bien hay otras normas generales como la Ley de Asistencia Social, esta no es tan específica en su contenido al respecto del tema que regulaba la norma cancelada.
Es fundamental por principio de cuentas, poner sobre la mesa el problema de la protección social de los niños, niñas y adolescentes en nuestro Estado, sobre todo, cuando las determinaciones federales, vulneran sus derechos y generan retroceso.
El estado de Morelos, en el ámbito de su aplicación, debe sentar las bases para generar la institucionalización en el análisis de la protección social dirigida a este grupo, es decir, que el estado observe cuáles son las necesidades primarias que enfrentan los niños y sus familias, para de ese modo generar los mecanismos específicos que contribuyan a aminorar éstas y garantizar de la manera más efectiva posible su protección social.
* Profesora Investigadora de Tiempo Completo de la FDyCS de la UAEM.
** Estudiante de la maestría en Derecho de la Facultad de Derecho y CS de la UAEM.
