Parte 1 de 2
La semana del 11 al 14 de septiembre se llevó a cabo el “Congreso Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos para la Paz”, en la Sede de la Defensoría del Pueblo de Colombia en la Ciudad de Bogotá, impulsado por la cátedra iberoamericana de derechos humanos, que agrupa a 28 universidades de Iberoamérica, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México, en el cual se abordó el tema de la situación de los derechos humanos en Latinoamérica, cuyo objetivo fue mostrar los principales retos y desafíos que enfrenta la región y en el cual tuvimos la oportunidad de exponer que si bien los países latinoamericanos han tenido avances normativos en su sistema jurídico interno, así como la suscripción de diversos tratados internacionales y han tenido un fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, sin embargo, existe una brecha entre esos avances mayormente normativos, con la realidad, más allá de que las problemáticas varíen en cada país de acuerdo a sus propios contextos, pero los retos y desafíos son comunes.
La región enfrenta problemas de desigualdad y exclusión y un factor de esto lo constituye los índices de pobreza; también se identifican temas de corrupción y la lacerante impunidad de las violaciones a derechos humanos, estando inmerso también un clima de violencia e inseguridad. La impunidad representa dos caras de la moneda: por un lado perpetua la injusticia, pero por otro es un circulo pernicioso para que continúe la violencia y la inseguridad. Todo ello hace que en Latinoamérica se identifique una debilidad del Estado Democrático de Derecho y el resquebrajamiento de las instituciones públicas, problemas de los cuales nuestro país no es ajeno, como hemos expuesto en algunos artículos anteriores.
Los países del mundo establecieron, en el 2015, la agenda 2030 de desarrollo sostenible, como el faro de luz para buscar el cumplimiento de 17 objetivos y 169 metas que se tradujeran en bienestar para las sociedades en todo el mundo, pero un dato significativo es el que señala la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL ), en el sentido de que el 75% de las metas de esta agenda -que si uno lo observa, mayormente es de derechos sociales-, están en riesgo de incumplimiento. Uno de los desafíos que la región latinoamericana tiene es la justiciabilidad de los derechos sociales que en algunos países se siguen viendo todavía como derechos programáticos sin las garantías procesales pertinentes para su exigibilidad. Un dato significativo que nos proporciona el anexo estadístico del informe 2023 del Secretario General de la ONU es que en el 2020 el promedio de sistemas de protección social de los países de la región era de 56%, si bien 10 puntos arriba de la situación mundial, pero 30 puntos debajo de la región de Europa y/o Estados Unidos.
También quedó de manifiesto la discriminación y la desigualdad que mayormente recae en grupos en situación de vulnerabilidad como pueblos y comunidades indígenas; afrodescendientes; mujeres; niñas; niños y adolecentes; personas de la comunidad LGBTI+; migrantes, así como la falta de acceso a servicios de salud, educación, vivienda, que agrava la situación de pobreza de millones de personas.
Por otro lado, la violencia e inseguridad son flagelos que muestran una criminalidad alta en la región; narcotráfico y conflictos armados internos en algunos países propicia la violación de derechos humanos, los asesinatos, tortura, desplazamientos forzados y desaparición de personas, están presentes, sumando a ello los abusos de las fuerzas de seguridad. Un ejemplo de esto es el indicador sobre víctimas de homicidios del informe citado que, en el 2021, en Latinoamérica, alcanzó niveles de 19.9% muertes por cada 100 mil habitantes en la región, en nuestro país representó el 28.2%, en tanto el promedio mundial era solo del 5.6%. No escapa que tratándose de personas defensoras de derechos civiles y periodistas hay un alto índice de víctima de asesinatos, y México encabeza la lista. La percepción de seguridad en la región ronda el 40% de la población frente al 70% a nivel mundial de acuerdo a los índices.
Un elemento adicional que impacta en la vida de las personas de la región lo constituye la disminución del espacio democrático, propiciado por el desencanto en la política; la desigualdad y exclusión social; la represión y limitación de derechos ; la falta de acceso a la información y el desgaste de instituciones democráticas. De acuerdo al reporte latinobarómetro 2023, que en ulterior artículo nos referiremos mas detalladamente, el 48% de personas en los países latinoamericanos apoya la democracia, en tanto 17% en ciertas circunstancias aprobaría gobiernos autoritarios. Todo esto ha hecho que en la región estén emergiendo liderazgos de extrema derecha o en algunos casos consolidándose gobiernos populistas, en ambos casos con discursos polarizantes.
En el ámbito derechos civiles y políticos en la región se identifica represión y limitación de la libertad de expresión; violencia de periodistas y defensores; restricciones a la protesta social pacífica, debilitamiento de los poderes judiciales, donde en ocasiones se politiza la justicia o se busca incidir por parte del poder ejecutivo.
Estos desafíos fueron abordados para buscar cómo desde las instituciones de educación superior se puede contribuir con propuestas a la solución de estas problemáticas de la región, sobre todo a partir de la educación, que es un derecho humano y un elemento transformador de la realidad. En la segunda parte de este artículo trataré lo que en el Congreso citado se planteó de cómo desde la educación en derechos humanos podemos avanzar en revertir los flagelos presentes en Latinoamérica.
*Especialista en Derechos Humanos
