III de IV partes
Gustavo Yitzaack Garibay López
¿Por qué la población morelense no exige que el Estadogarantice, en sus tres órdenes de gobierno, el respeto y cumplimiento de sus derechos culturales? Porque no los conoce, podríamos responder con precoz intransigencia. Lo cierto es que, más allá del aparato institucional y jurídico en materia de cultura, producto de una larga lucha del sector cultural y de la sociedad, en la realidad cotidiana, la población morelense vive de manera casi natural, plena,gozosa, e incluso fervorosa, las manifestaciones de su basta riqueza cultural material e inmaterial.
A diario, a través de redes sociales, cartelitos y volantes digitales e impresos, con o sin estrategias de marketing, o de boca en boca, somos testigos del ingenio, la creatividad, el talento, la sororidad, y la solidaridad, pero sobre todo de la constancia y perseverancia por parte de quienes o aquellos que ponen de manifiesto la relevancia de la cultura viva, las artes, las tradiciones y el biopatrimonio cultural, para el desarrollo de cualquier sociedad. Esa dignidad es la que ha forjado la cultura milenaria del pueblo morelense, que se ha forjado a pesar del expolio y desprecio por la educación, las artes y las ciencias, algo que tanto distingue a las élites gobernantes.
Ejemplos del quehacer artístico y cultural sobran, y ello -contrario a lo que supondríamos bajo una visión de centralismo estatista-, coloca al margen de la sociedad morelense al aparato cultural del gobierno del estado y a la gran mayoría de los ayuntamientos; díganse museos, casas de cultura, auditorios, galerías o salas de conciertos, o bibliotecas, muchos de ellos operando a medio servicio, con titulares nombrados bajo compromiso de pago de cuotas políticas. Somos testigos del abandono y deterioro de la infraestructura cultural, sin articulación, espacios sin programación, o muchas de las veces con agendas cuyos contenidos convienen para el lucimiento de autoridades cuyo desdén hacia lo cultural ha acentuado una crisis generalizadade accesibilidad a bienes y servicios.
A pesar de ello, para fortuna de todes, son innumerables quienes cubren ese vacío institucional: artistas plásticos y visuales, danzantes y bailarines, teatreros, artesanos y artesanas populares, mayordomos, cronistas, historiadores, editores, cocineras tradicionales y chefs, personaspromotoras o gestoras culturales y defensoras del patrimonio cultural, comités de fiestas patronales, e investigadores sociales o especialistas en conservación y restauración, así como agrupaciones independientes de la sociedad civil organizada.
Ante el caos de lo local, resulta muy relevante el trabajo de difusión, investigación, conservación y defensa del patrimonio por parte de quienes integran la delegación Morelos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, claro no sin cuestionamientos ante la inconclusión de los trabajos de restauración del patrimonio edificado afectado por el sismo de 2017.
El daño institucional, provocado por Julieta Goldzweig, quien asumió el cargo de secretaria de Turismo y Cultura sin ninguna competencia, al igual que algunos de sus más cercanos colaboradores, ha generado una distancia mayor enaquella fractura provocada por la anterior Secretaría de Cultura de Morelos, cuya titular Cristina Faesler enfrenta cargos por parte de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.
Son múltiples los casos de diversas instancias que funcionan como inmensos agujeros negros que devoran suficientes o escasos recursos públicos para el pago de empleados mediocres que ostentan cargos sin devengar salarios, privilegiando su lucimiento personal o la capitalización política del puesto para obtener presentes y futuros favores. Priva, por ocurrencia y por conveniencia, la realización de jugosos negocios mediante la contratación de servicios a compañías de reciente creación par parte de amistades o conocidos.
Frente a esa opacidad en el ejercicio de los recursos públicos otorgados a la Secretaría de Turismo y Cultura, así como a diversas instancias culturales en los municipios, hoy, más que nunca, es necesario echar a andar el Observatorio Cultural de Gestión y Administración de Políticas Públicas que propuso el movimiento Cultura 33.
Por todo lo anterior, esfuerzos como el surgimiento de la sección Cultura de La Jornada Morelos se vuelven encomiables, porque se estimula la conversación social y el debate público a partir de un derecho humano, el derecho a la información, sobre todo porque como vemos, las expresiones más poderosas del vitalismo cultural morelense ocurren en la calle, en el interior de las comunidades, en contextos privados o comunitarios. Pero hay matices, no romanticemos la precariedad, ni restemos al oprobio y negligencia de las autoridades, en este caso el de las instituciones culturales. ¿Dónde está el interés público como principio de gobernanza?
En la siguiente entrega ofreceré mis conclusiones de las preguntas que animaron esta reflexión sobre el naufragio cultural en Morelos, porque crítica o protesta sin propuesta es una lectura desde la falta. Hay posibilidades, y sobre todo necesidad de transformar.
