IV y última parte
Gustavo Yitzaack Garibay L.
Este artículo cierra las reflexiones publicadas en este medio sobre el desinterés del gobierno estatal por la culturamorelense, reflejado en el equívoco y precario quehacer de la Secretaría de Turismo y Cultura, acerca de sus resultados y formas de actuar, consecuente a la incompetencia con que se han desempeñado quienes la conforman, personas que en su mayoría carecen de perfil, experiencia y legitimidad, profesional, intelectual y moral, cuyos nombramientos solose explican en un contexto de pago de cuotas políticas como ejemplos de conflicto de interés, nepotismo y corrupción.Diversos especialistas y medios de comunicación, como Eduardo Cruz y el diario Reforma lo denunciaron en días recientes.
Como todos sabemos, la secretaria, Julieta Goldzweig Cornejo, arrinconada en la inmensidad de su escritorio, alejada del territorio, y algunos de sus más cercanos colaboradores, como el recientemente nombrado secretario técnico, Antonio Lestrade Gris, sin mayor mérito que el de sus pretensiones y amistad con la titular, carecen de las mínimas competencias para los cargos que fueron designados. A pesar de su pretendida cacería de brujas para denunciar personas exservidoras, nada nos impedirá seguir denunciando públicamente los yerros de su actuar. Ellos saben que nosotres sabemos que no saben.
Hemos sido testigos de cómo las últimas dos administraciones estatales, la del funesto graquismo y la de la ineptocracia cuauhtemista, han instalado una legión colonizadora, responsable del saqueo y desmantelamiento de la infraestructura cultural estatal, ponderando ideológicamente lo que podemos llamar un blanqueamientode la cultura popular y de desprecio a la creación artística local, desplazando el comunitarismo bajo modelos ocurrentes de intervención injerencistas y extractivistas, que han atentado contra la diversidad cultural de pueblos y comunidades.
Lo anterior a pesar de que Morelos posee una tradición enformación, capacitación y experiencia en promoción, gestión, fomento, difusión, desarrollo, administración y conservación del patrimonio cultural, en paralelo a la creación de las grandes instituciones educativas y culturales de México, como la SEP, el INAH, el INBA y el devenir del CONACULTA a Secretaría de Cultura federal y del consecuente debate, discusión, aprobación y publicación de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales.
El problema se extiende a la omisión y falta de visión de los ayuntamientos para el diseño y ejecución de políticas públicas y a la fragilidad de las instituciones culturales municipales, en donde priva el extremo suntuoso del derroche en espectáculos comerciales o la mísera indignidad con que son tratadas las comunidades culturales locales, a más de programaciones eventuales sin enfoques estratégicos o sustantivos para garantizar los derechos culturales de la población.
Frente al naufragio cultural, del que aquí hemos dado parte, hoy enfrentamos uno de los pasajes de mayor fragmentación del llamado sector cultural morelense, que retraído y desorganizado -como la mayoría de la población-, hasta ahora calla de manera ominosa ante una situación que asfixia a todes. Aquí unos apuntes a manera de conclusión y propuesta.
Primero. La actual administración engendró una institución incapaz de armonizar lo turístico y lo cultural. Perdió la oportunidad de operar un proyecto sostenido en dos de las vocaciones largamente trabajadas para Morelos durante el siglo XX. En el futuro, la próxima administración, y especialmente la persona titular y el equipo que conforme la secretaría, habrá de legitimarse en principio por su probidad, pero también por su pertenencia al sector cultural y cartas credenciales de experiencia, conocimiento y suficienciatécnica. Para ello, habrá que participar dialogando con candidatos y autoridades electas. También que no se nos olviden los ayuntamientos, entes políticos y administrativos que cómodamente permanecen ajenos a sus obligaciones de garantizar los derechos culturales de la población, sobre todo porque son la encarnación más cercana al ciudadano de a pie.
Segundo.-Para que sea respetado, el sector cultural tendrá que reorganizarse y protestar enérgicamente, empleando recursos legales ante diversas instancias nacionales e internacionales, mediáticos, pero también de intervención o toma de espacios públicos, para exigir que el gobierno del Estado y el Congreso den cumplimiento de sus demandas históricas: descentralización de las políticas culturales públicas, planeación y presupuestos participativos,transparencia y rendición de cuentas, así como la revisión y publicación de la Ley de Cultura y Derechos Culturales del Estado de Morelos, que fuera impulsada por el movimiento Cultura 33 y aprobada por unanimidad en diciembre de 2021.
Tercero.- En Morelos no existe gobernanza cultural, por lo tanto no se garantiza el respeto a los derechos culturales de la población. El Estado debe ser el primer obligado en establecer bases democráticas para la planeación y la participación colaborativa de la ciudadanía. Los costos de la improvisación nos han desplazado entre el yerro, el ridículo y una galopante corrupción por el desdén hacia la cultura y el sector cultural. Nunca más al ejercicio discrecional del servicio público como mecanismo de proyección meramente política, sin transparencia ni rendición de cuentas.
Cuarto.- Hoy más que nunca se vuelve necesaria la creación del observatorio de políticas culturales públicas. Resarcir los errores del pasado también conlleva el desagravio mediante la denuncia para que se finquen responsabilidades y no haya impunidad.
La impunidad sobre la infracción a la ley, los delitos de ese vandalismo cultural del que hemos sido testigos en los dos últimos sexenios nos obligan colocar lo cultural en una dimensión de debate público. La conversación social abre posibilidades infinitas. Solo la memoria permite avanzar, nunca el olvido.
Hay esperanza, hoy es un día menos de la administración estatal, y coincidentemente de los ayuntamientos.
