Francisco Moreno
Los Estados Unidos Mexicanos cuentan con una extensión territorial de un millón 960 mil kilómetros, y en esta amplia extensión habitan poco más de 130 millones de mexicanos. En ella se constituyó el estado de Morelos en 1869, el cual tiene una demarcación geográfica de menos de cinco mil kilómetros. Su población actual no alcanza los dos millones de habitantes, y es un estado que apenas representa el dos por ciento del país, y ocupa el lugar 23 en densidad poblacional. Sirvan estos datos para dimensionar a nuestro estado en relación con los otros que integran la República mexicana.
Si los procesos de gobernanza se equipararan proporcionalmente entre el número de habitantes y su territorio, entonces Morelos sería un estado ideal, con una estructura gubernamental eficiente y eficaz, una administración pública ágil y expedita, y una estructura política sencilla y óptima. Sin embargo, las instituciones encargadas de gobernar y aplicar la ley están supeditadas a quienes las operan, sujetos que a su vez cargan en su genética generacional un amplio espectro de comportamientos, hábitos y costumbres derivadas de legados culturales y educativos. Son individuos que a su vez desempeñan sus actividades y responsabilidades acotados por una anquilosada estructura burocrática que rinde pleitesía a manuales de procedimientos, lineamientos, guías, reglamentos, y otros tantos documentos que más que facilitar su trabajo, lo entorpecen y merman. Finalmente, en política la práctica de la armonía, tolerancia, sentido común, diálogo, respeto y bienestar general se subordina a una tendencia en la que el interés de unos cuantos está por encima del de la mayoría. El bienestar común no tiene la preferencia.
La organización política de Morelos se asienta en tres poderes. El Ejecutivo, que está representado por un gobernador, diez Secretarías y un Fiscal General; el Legislativo, conformado por 20 diputados y más de treinta comisiones, y el Judicial, con un magistrado presidente, y más de 50 jueces. A todos ellos hay que sumar al personal administrativo y eventual. Todo este sistema tiene la misión de velar por la seguridad, bienestar y desarrollo de los casi dos millones de ciudadanos, y vale la pena hacer hincapié en que tanto el Ejecutivo como el Legislativo arribaron al poder gracias al voto ciudadano; es decir que el pueblo les cedió la representación para actuar en favor de la comunidad. No debemos perder de vista que estos sujetos alcanzaron su meta a partir de campañas y discursos políticos diversos, que hoy se mueven entre nueve tendencias políticas con inclinaciones diestras, siniestras, y algunas ambidiestras. En apariencia, esta pluralidad es saludable, pero lamentablemente cuando dichos individuos llegan a puestos de representación política y de poder, mutan sus compromisos por otros propios o gremiales, y las promesas hechas a los ciudadanos terminan en el olvido. Las esperanzas que la comunidad puso en ellos decaen frente al desinterés, la apatía, los favores clientelares, el nepotismo, las carreras políticas, los favoritismos y otros tantos males que hacen de la administración pública una bacanal de deseos; una arena de arribismo político y una batalla intestina de protagonismos, jaloneos y descobijes.
Y para qué tanto cuento, dirán los lectores, pues bien vale la pena recordar que hace un año el movimiento Cultura 33+3 (integrado por representantes de asociaciones civiles, agrupaciones artísticas, empresas y centros culturales comunitarios e independientes) presentó una iniciativa para que el estado de Morelos contara con una Ley de Cultura y Derechos Culturales. Su aprobación se dio el 8 de diciembre del 2021, y desde entonces, y por procedimientos legislativos, pasó a revisión de comisiones y al Ejecutivo para su análisis, tarea necesaria que hasta la fecha no es prioridad para esta Legislatura, pues si bien la Secretaria de Cultura y Turismo hace su mejor esfuerzo para destrabar este trámite, y al parecer el Ejecutivo ya envió sus observaciones, los miembros del Congreso del estado de Morelos hacen caso omiso de esta obligación.
Frente a este lento y burocrático escenario, las únicas afectados son los ciudadanos, la comunidad cultural y por ende toda la población morelense, pues si bien dicha iniciativa contó con la aprobación del Congreso, es fecha que los diputados no voltean a verla, pues sus ojos están fijos en otros temas para ellos más urgentes o lucidores, lamentable acontecer que más habla de una falta de voluntad política que de un real interés por la cultura. Hoy la Ley de Cultura es letra muerta, y así seguirá hasta que se logre su publicación.
