Hace menos de dos semanas que la Marina y la Policía Estatal detuvieron en su casa al Fiscal General del estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, y la conmoción aún no disminuye, más bien ha escalado.
A muchos nos sorprendió el arresto, que mereció un despliegue que se antojaba desproporcionado y que incluía un cateo que, al parecer, no se llevó a cabo pero que mantuvo presencia policial permanente durante un par de días en el domicilio del inculpado.
Semanas atrás, el Fiscal había logrado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciara por el fuero del que gozaba como funcionario de alto nivel encargado de asuntos de seguridad; las leyes locales también parecían protegerlo de cualquier arresto, pues se estipulaba que, incluso para delitos del fuero común, tenía que ser despojado del fuero por la entidad que lo nombró: el Congreso local. Por si fuera poco, Carmona gozaba de una suspensión provisional en el momento de su detención.
Sin embargo, el arresto fue fulminante y la ex jefa de gobierno, la fiscal de la Ciudad de México y hasta el Presidente de la República aseguraron que se había respetado la ley, que proseguía la investigación por obstrucción de la justicia y que el funcionario morelense tenía que permanecer en custodia para no interferir en el caso por el que fue arrestado: el feminicidio de Ariadna Fernanda.
Como ya hemos apuntado, los feminicidios son una herida abierta en nuestro estado, así como las desapariciones y las infinitas impunidades. Pero en Morelos también duele la falta de respeto a la ley, o que algunos personajes la acomoden a su conveniencia y que la usen cuándo y cómo quieran. La justicia selectiva es un grave problema en Morelos y, como prueba, se puede echar una ojeada a los actuales conflictos internos del Poder Judicial local, que son producto de estos vicios.
En ese contexto, no hay forma de que haya unanimidad en las opiniones de los morelenses en cuanto a estos asuntos y, en particular, al arresto de Carmona, pero no es por su desempeño ni por su imagen o por su identificación popular, sino, como resumió Jorge Zapata, el nieto de El General: “si eso le hacen a alguien con fuero ¿qué podemos esperar para todos nosotros?”.
En este mismo sentido, ayer el presidente de la mesa directiva del Congreso del estado, Erik Sánchez Zavala, explicó que la controversia constitucional que interpuso el Poder Legislativo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a propósito del arresto de Carmona, no era por la persona, sino por la autonomía de todo el estado de Morelos.
Pidió que fuera la Suprema Corte la que le dijera a Morelos, y al resto de las entidades que conforman el Pacto Federal, si habrá que esperar más actuaciones de este tipo, en donde se trastoque la normatividad de los estados supuestamente soberanos.
Sin duda, una pregunta legítima que no hace cualquiera y que nos atañe a todos, aunque no tengamos amparos ni fueros.
