Que se implique a funcionarios públicos en ilícitos no es nuevo, sobre todo si son de pasadas administraciones, pero que se acuse a funcionarios públicos en funciones de crímenes tan graves como homicidio y que éstos sean parte del sistema que debe velar por la seguridad de todos nosotros, es algo que ya da mucho para recapacitar.
Ayer fueron arrestados Hugo “N”, director general del C-4 Cuernavaca, y José Alfredo “N”, director de la Policía Cibernética municipal, como sospechosos de haber participado en el homicidio del ex presidente del Club Rotario de Cuernavaca, Rafael Botello Martin, ocurrido 2 de septiembre de 2021.
Según los testigos, aquel día, alrededor de la una y media de la tarde, Botello Martin salió de su casa y se disponía a abordar una camioneta Nissan Kicks, color gris, cuando fue atacado a balazos por un sujeto que lo esperaba cerca del vehículo. Botello Martin cayó herido de muerte, mientras que el agresor logró escapar rumbo a la Avenida San Cristóbal.
Pero había testigos – algunos vendedores instalados en la esquina de Paseo del Conquistador y la calle Cuesta Clara, cerca de la escena del crimen- y, sobre todo, la grabación de las cámaras de videovigilancia de la zona, justo lo que maneja el C-4.
Es muy pronto para sacar cualquier tipo de conclusiones, no se sabe siquiera el papel que pudiera haber desempeñado cada uno de los ahora implicados en el lamentable homicidio de Botello, quien fuera presidente del Club Rotario de Cuernavaca y que, de 2013 a 2015, se desempeñó como Director de Fomento al Empleo del Ayuntamiento capitalino.
Sin embargo, la sola sospecha de que los vigilantes -y no cualquiera, sino altos mandos de la seguridad cuernavacense- pudieran estar implicados en el tipo de crímenes cuyo esclarecimiento deberían apoyar, es un muy justificado motivo de intranquilidad. Y no serán suficientes los discursos políticos para recobrar la calma.
Es inevitable pensar en la juez que en estos momentos está siendo investigada por su posible colusión con una banda delincuencial.
La seguridad y la justicia son elementos clave para la vida en sociedad y quienes ocupen tan delicados cargos no solo deberían someterse a certificación de conocimientos o exámenes de confianza, sino a un permanente y minucioso escrutinio de su desempeño profesional.
Ojalá pronto la FGE, siempre tan hermética, informe a la sociedad morelense sobre la trascendencia de sus investigaciones, mientras tanto, se debe presumir la inocencia de cualquier indiciado.
Como sea, la confianza en la seguridad y la justicia en Morelos, que no gozaban de un alto grado de credibilidad, con este tema tardará más en recuperarse.
Zafra
Se pide respeto a los tiempos electorales, pero al mismo tiempo se señalan predilecciones. Reflejo de los tiempos políticos que corren
