José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca
Mientras no se atiendan las causas de las graves violaciones a los derechos humanos, seguirán ocurriendo casos que laceran la dignidad humana. No basta con disminuir las cifras de 114 mil a casi 100 mil el registro de personas desaparecidas, si no se atienden a las víctimas para alcanzar la justicia, la verdad y la no repetición.
La historia no se repite, pero tiene tantas similitudes que nos convoca a sacar las lecciones para romper con la lógica del poder y ver las causas profundas que llevan a los pueblos a levantarse del suelo para luchar por su dignidad y derechos frente a las clases dominantes.
El asesinato del estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta, a manos de policías en Tixtla, Guerrero, hizo explotar el volcán de la rabia contenida por los agravios acumulados durante ya casi 10 años desde la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de esta emblemática escuela y puso en evidencia todas las aristas de un conflicto social y político derivado de un crimen de Estado sin resolver.
Esclarecer la verdad en este hecho de relevancia nacional es fundamental para lograr que haya justicia y, sobre todo, para que haya garantías de no repetición, como periódicamente ha estado ocurriendo. La responsabilidad del Estado ha quedado evidente, desatando una crisis política en el Gobierno del Estado de Guerrero con la renuncia del Secretario de Gobierno Marcial Reynoso Núñez, el Secretario de Seguridad Pública, General Rolando Solano Rivera y la Fiscal Sandra Luz Valdovinos y los cuestionamientos a la Gobernadora Evelyn Salgado sobre las responsabilidades que se tienen con las órdenes dadas, el encubrimiento de los responsables, la manipulación de la escena del crimen y hasta los intentos de desaparecer el cadáver del estudiante, como lo han denunciado los normalistas y la propia madre de Yanqui Kothan, Liliana Peralta, quien puso al descubierto que el cadáver tenía un balazo en la cabeza como muestra de una ejecución extrajudicial.
El gobierno federal encabezado por el propio Presidente López Obrador no asume que éstos hechos represivos se dan precisamente en el contexto de la campaña de descalificaciones y criminalización que desde las alturas del poder ha realizado sistemáticamente en contra de los estudiantes normalistas, de los organismos de derechos humanos y de Vidulfo Rosales y Mario Patrón, asesores de los padres y madres de los 43 desaparecidos y sobre todo la protección al Ejército frente a la exigencia de que entreguen todos los expedientes y archivos en su poder, entre ellos más de 800 folios con datos para ubicar el paradero de cuando menos 17 de ellos que fueron detenidos por militares en Barandillas y al parecer entregados a grupos criminales, lo cual, de confirmarse, implicaría la responsabilidad institucional de las fuerzas armadas que han negado una y otra vez desde el gobierno de Peña Nieto y sobre todo el mismo López Obrador.
Durante todos estos largos años de angustia y dolor para las madres y padres de los 43 desaparecidos por no saber su paradero y lo que ha ocurrido con ellos, se ha recurrido a todas las instancias jurídicas y legales para hacer valer los derechos a la verdad y la justicia. De ahí la importancia de la intervención de los organismos internacionales para la creación del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), que a través de sus informes ha establecido líneas de investigación que apuntan hacia las responsabilidades del Ejército y autoridades del más alto nivel. No es menor la confrontación que ha habido entre los informes públicos emitidos por la Comisión para la Verdad y la Justicia (COVAJ) encabezada en su momento por el Subsecretario de Gobernación, Alejando Encinas, en coincidencia con el GIEI, sobre el papel del Ejército, y las declaraciones mañaneras que realiza el presidente López Obrador para tratar de acusar una y otra vez a estos organismos de ser instrumentos de la derecha porque no coinciden con lo que él dice.
En el seno del movimiento de solidaridad con Ayotzinapa, se han llevado a cabo amplios análisis sobre la necesidad de construir un polo social alternativo, independiente y de lucha, que sea capaz de aglutinar el descontento social y político con las medidas que este gobierno está llevando a cabo. Esta legítima lucha autónoma es la que resulta intolerable al gobierno, ya que López Obrador pretende tener el monopolio de la verdad y de la lucha social en México, por lo que hace una mezcla de confusión ideológica para tratar de asimilar toda protesta social con la derecha, sin ver que precisamente aplica cada vez más las mismas políticas de intolerancia autoritaria que llevaron a cabo los gobiernos priistas y panistas que lo precedieron.
La historia de agravios en contra de las Normales Rurales se remonta a décadas atrás, cuando se trató de cambiar su contenido social educativo crítico por uno de sometimiento al sistema, mediante el cierre de la mayoría de las Normales Rurales y la sistemática represión en contra de su federación (de 1988 a la fecha han sido asesinados 11 alumnos de Ayotzinapa) que se reivindica abiertamente socialista. La lucha por la transformación radical de la sociedad mediante la conciencia organizada y la utilización de la acción directa por parte de la FECSUM es parte de una estrategia de sobrevivencia que puede o no ser compartida por otros sectores del movimiento, pero que indica el grado de descontento y resistencia frente a los asesinatos y desapariciones que se cometen desde el poder en su contra.
Hay que señalar claramente que los estallidos de inconformidad se han dado en estas semanas precisamente cuando se han cerrado las puertas de las instituciones de gobierno para negar el diálogo solicitado directamente con el Presidente de la República. El conflicto derivado de la acción contra la puerta de Palacio Nacional fue luego de diez días de plantón en el zócalo de la Ciudad de México sin ser escuchados. La condición presidencial de llevar a cabo un diálogo con los familiares sin la presencia de sus asesores del Centro Prodh y Tlachinollan, es una muestra de lo que ha sido la política gubernamental de desconocimiento de todo tipo de organización social autónoma, para aplicar sus políticas de beneficio social de manera individual, siguiendo el curso neoliberal que dice combatir.
Hoy más que nunca se requiere fortalecer la solidaridad con la lucha de las madres y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa hasta lograr que haya verdad y justicia, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos.
