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El Colegio Morelense de Abogados acusó que el Poder Ejecutivo, encabezado por Cuauhtémoc Blanco Bravo, ha sido omiso en dotar de lo necesario a los tribunales laborales, lo que atrasa la administración de justicia, toda vez que hasta el momento Morelos registra un importante rezago de expedientes que no han podido ser resueltos.

Así lo expresó en entrevista para La Jornada Morelos, el presidente de la agrupación de litigantes, Juan Juárez Rivas, quien añadió que se hará una solicitud formal al Gobierno del Estado para que se dote “como cosa urgente” de vehículos a las juntas de conciliación y arbitraje y al Tribunal Estatal de Conciliación, al referir que para que un juicio inicie hay que notificarlo a la otra parte; sin embargo, las autoridades han sido omisas al respecto, sin importarles otorgar justicia pronta y expedita a los justiciables.

“Yo he dicho desde hace mucho tiempo que desafortunadamente la justicia laboral en el estado de Morelos vale menos que un orín de perro porque nadie está interesado, todos hablan de los trabajadores, de los apoyos, de las reformas, pero cuando hay que hacer valer un derecho ante un tribunal no funciona. No obstante, el personal, sus presidentes, sus secretarios, administrativos, debo reconocerlo, hacen un esfuerzo, pero el Ejecutivo no está respondiendo a esa exigencia y si no se hace así… por eso vemos que la justicia se pide en las calles”, aseveró.

Recordó que los integrantes del Congreso de Morelos dotaron de un presupuesto millonario tanto al Poder Ejecutivo como al Judicial, sin embargo, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, “en las que se imparte justicia y son indispensables para que haya paz y tranquilidad”, no les toca nada.

“Las juntas que desaparecieron por la reforma tienen un rezago de más de 30 mil expedientes, entonces cuando menos deberían de ser 20 vehículos y 20 actuarios para que se pueda avanzar en la administración de justicia laboral. En el Tribunal local tenemos también un rezago de 12 mil expedientes y en los juzgados laborales también ya hay un rezago y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) tampoco dota a esos tribunales de vehículos, personal, instalaciones o apoyo; a veces ni siquiera hay papel, no hay tóner, no hay personal y por eso la justicia vale menos que un cacahuate”, abundó.

Lamentó que, pese a las quejas, no pasa nada, “porque quienes nos gobiernan no les interesa la justicia laboral. Hablamos de un rezago de más o menos 10 años, pero se puede y se debe de invertir para que esas personas que acudieron a un tribunal obtengan justicia pronta y expedita, completa e imparcial. Cuando el presidente del TSJ, Luis Jorge Gamboa Olea, cuando tomó posesión, dijo que habría reuniones con los abogados, pero ya se le olvidó”.