El juez Sexto de lo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Juan José Hernández García con residencia en Nicolás Romero, Estado de México, fue arrestado ayer y puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, acusado de ser parte de un cartel de despojo inmobiliario en el estado de Morelos.
Junto con el juez, también fue detenido e imputado por los mismos ilícitos el secretario judicial del Distrito Judicial de Tlalnepantla; ambos serán procesados penal y administrativamente por excederse en los límites de sus facultades, tomar decisiones en asuntos que no era parte y abuso de autoridad.
De acuerdo a información periodística publicada en un diario de circulación nacional, el juez, un notario público, una agrupación sindical y un particular se coludían para simular procesos legales en el Estado de México y apoderarse ilegalmente de propiedades en Cuernavaca.
Así, pretendieron adueñarse de un predio 4 mil 200 metros ubicado en la avenida Palmira, cerca del Club de Golf Tabachines.
El pasado viernes, el Poder Judicial del Estado de México concretó la detención del juez quien ya se encontraba bajo investigación judicial.
De acuerdo a un comunicado del Poder Judicial Mexiquense, “se determinó que se habían emitido diversas sentencias que no fueron apeladas y por ello son definitivas, en relación con juicios ordinarios civiles de otorgamiento y firma de escritura, en probable contravención a la ley”.
Trascendió que el juez Sexto de lo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, simuló acudir a notificar al propietario del predio de Palmira a un domicilio en el municipio de Tlanepantla, Estado de México, en el que supuestamente tenía su domicilio aunque el propietario del predio en Cuernavaca nunca ha residido en el Estado de México.
Aun así, el juez dictó sentencia y ordenó escriturar el inmueble de Palmira en favor de un tercero, identificado como Sergio Rodrigo Pérez Latisnere, ante el Notario Público interino 130, del Estado de México.
El comunicado del Poder Judicial del Estado de México señala que el Ministerio Público de aquella entidad formulará las imputaciones correspondientes y el juez competente determinará la situación jurídica, y probable responsabilidad, de los imputados.
Asimismo, se notificó a la Contraloría del Poder Judicial para que iniciara un procedimiento administrativo en contra el juez, por excederse en los límites de sus facultades, tomar decisiones respecto a asuntos que no eran parte del juicio y abusar de su autoridad.
