La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el decreto del Congreso del Estado de Morelos con el que se reformó la Ley Orgánica del mismo para reglamentar las ausencias de las personas titulares de los órganos constitucionales autónomos; un ordenamiento polémico porque se aprobó mientras el fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara se encontraba en prisión preventiva, luego de ser acusado por el presunto encubrimiento de un feminicidio.
El 19 de septiembre del 2023, los diputados reformaron la Ley Orgánica del Congreso Estatal para dar claridad a los casos de ausencia de los titulares de órganos autónomos en el estado, como los Institutos Morelenses de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, de Información Pública y Estadística, la Comisión de los Derechos Humanos del estado, los tribunales de Justicia Administrativa, de Adolescentes, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la Fiscalía General de Justicia.
Los ministros consideraron “que durante el proceso legislativo que le dio origen se cometieron violaciones de carácter invalidante que afectaron el principio de democracia deliberativa, así como la facultad del Ejecutivo del Estado, para formular observaciones a las leyes aprobadas por el Congreso local”.
Específicamente, los ministros señalaron la «premura en la aprobación del decreto y falta de motivación en la calificación del asunto como de urgente y obvia resolución. Así, la premura en el desarrollo de las distintas etapas del procedimiento legislativo, en menos de cuatro horas, mermó la calidad democrática, pues la falta de anticipación en la distribución de los documentos legislativos necesarios impidió a las personas legisladoras realizar un análisis de las adiciones propuestas en un tiempo razonable y, de esta manera, poder participar en su discusión en igualdad de condiciones”.
Y también: la “imposibilidad de que el Ejecutivo estatal formulara observaciones al decreto. Se aplicó una excepción al ejercicio de la facultad de veto del Poder Ejecutivo local, lo que le impidió formular observaciones», refirieron los ministros.
La controversia constitucional 448/2023, fue promovida por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en contra del Poder Legislativo, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Ley Orgánica para el Congreso de dicha entidad, publicada en el Periódico Oficial local del 19 de septiembre de 2023.
