Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía Anticorrupción retiró los cargos por el delito de tortura y la orden de aprehensión en contra del Fiscal de Morelos, Uriel Carmona. Sin embargo, el juez de control consideró insuficiente el desistimiento y reconoció jurídicamente a la Fiscalía General de la República (FGR).
Recordemos que la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Morelos (FECCM) inició un proceso judicial en contra de Carmona por el presunto delito de tortura, relacionado con el caso de Luis Alberto Ibarra Ramírez, acusado de secuestrar y asesinar a tres jóvenes del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).
Ayer por la noche, la FECCM obtuvo una orden de aprehensión que fue ejecutada antes de que Uriel Carmona pudiera salir del Centro Federal de Readaptación Social número Uno «El Altiplano», ubicado en Villa de Almoloya de Juárez, Estado de México.
Sin embargo, durante la audiencia realizada en la sala dos de Atlacholoaya, los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción se retractaron de las acusaciones y de la orden de aprehensión. Ante esto, el juez Natanael Subdias Aguilar argumentó que la simple petición de desistimiento no era suficiente y exigió a la Fiscalía Anticorrupción que justificara su solicitud (aunque, según expertos en la materia, esto no era obligatorio) para retirar las acusaciones y la acción penal.
En un receso y tras la insistencia del juez, los fiscales de la FECCM revelaron que la carpeta de investigación se había extraviado, lo que fue considerado como una falta grave que podría ser sancionada.
En respuesta, una representación de Agentes del Ministerio Público de la FGR solicitó intervenir en la audiencia, lo cual fue concedido por el juez en un hecho inusual.
Los agentes de la FGR argumentaron que el desistimiento de la Fiscalía Anticorrupción estaba viciado y solicitaron tener personalidad jurídica, la cual fue otorgada por el juez. Además, pidieron que la FGR fuera notificada oficialmente para que pudiera intervenir en el caso.
Hasta el cierre de esta edición la audiencia no había terminado.
La opinión de algunos expertos
Expertos en la materia señalaron la irregularidad de permitir la intervención de la autoridad federal en un asunto de jurisdicción local y destacaron que Uriel Carmona cuenta con fuero federal, lo que complica aún más el caso.
«Este asunto se ha vuelto eminentemente político, y cuando la política está por encima de lo jurídico, los sistemas legales quedan vulnerados, y no se garantiza un proceso basado en los derechos humanos y la supervisión de las autoridades para asegurar su respeto. Esto sienta un grave precedente negativo para todos», dijo un experto en derecho.
Agregó: «el sistema de Morelos ha quedado pisoteado por los Poderes Judiciales de la Ciudad de México y de Morelos, por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Fiscalía Anticorrupción».
Para el especialista en derecho, el caso de Uriel Carmona marcará un grave precedente negativo para todas y todos debido a que ha quedado vulnerado el estado de derecho y el derecho a la justicia.
Y sobre todo «se han abierto las puertas a que delincuentes puedan recurrir a la tortura para obtener su libertad”.
