Tras los conflictos que se han generado al interior del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la Comisión Independiente de Derechos Humanos Morelos (CIDHM) hizo un llamado a los magistrados, así como a su presidente Luis Jorge Gamboa Olea, a escucharse mutuamente y trabajar en unidad, tras resaltar que la única perjudicada es la ciudadanía.
El vocero de la organización civil, José Martínez Cruz, consideró que es necesario escuchar los reclamos de los integrantes del Poder Judicial y se atiendan las causas que están motivando las inconformidades que, en ocasiones, pueden ser derivado de causas políticas.
“Recordemos que el Congreso del Estado, cuando eligió a los nuevos magistrados, también obviamente tomó en cuenta a cuotas de poder políticas, desde los diferentes diputados y partidos políticos. Yo creo que ese tipo de situaciones no abonan, no ayuda a la transparencia ni a la rendición de cuentas y sobre todo a la administración de la justicia”, agregó.
Indicó que la gente lo que requiere es que no haya impunidad y que las sanciones sean adecuadas y proporcionales a quienes cometen delitos para que nadie quede en la impunidad, por lo que al haber una división “marcada” entre los magistrados y la permanencia como presidente de Gamboa Olea se paraliza la administración de justicia, lo que no resulta sano para nadie.
“Incluso, las últimas sesiones que se han convocado no se han podido llevar a cabo y aunque ellos dicen que eso no paraliza, la realidad es que sí porque tiene que ver con que quien está presidiendo el TSJ no cuenta con el aval de la mayoría de los de los magistrados. Entonces, le corresponde resolver el conflicto a ambas partes y por supuesto, en última instancia, también creo que al propio Congreso del Estado que tiene que abonar para resolver esta situación, así como el Ejecutivo; es decir, es una situación que va más allá de intereses particulares, tiene que ver el interés general”, concluyó.
Hace unos días, magistrados del TSJ “reventaron” la sesión programada, al desconocer a Luis Jorge Gamboa Olea como presidente del Poder Judicial, luego de que se aprobó su ampliación en el cargo hasta el 2026.
Bloquean transportistas acceso al Tribunal Superior de Justicia
Un grupo de transportistas amparados por la CTM se alió a la manifestación de brazos caídos que sindicalizados del Poder Judicial y advirtió de bloqueos y cierres de vialidad en las sedes judiciales del estado, en caso de continuar el rechazo de los magistrados opositores al presidente del Tribunal, Luis Jorge Gamboa Olea.
Los bloqueos de camiones de carga en la sede del Tribunal Superior de Justicia comenzaron la mañana de este miércoles y junto con los paros de trabajadores provocaron que se retrasaran audiencias y trámites en el lugar, reagendando algunos hasta el próximo septiembre, con lo que se afecta a los justiciables, aseguraron abogados afectados por el paro.
El paro es ilegal, Consejo de Abogados de Morelos
En un comunicado, el Consejo Estatal de Abogados externó su “profunda preocupación por la suspensión ilegal de actividades denominada ‘paro de brazos caídos’, que lleva a cabo el Poder Judicial en un apoyo supuesto y obligado a favor del magistrado Jorge Gamboa Olea, presidente del Tribunal Superior de Justicia”.
Los abogados aseguran que el paro afecta “de manera grave e irreparable los derechos humanos de los justiciables, al suspenderse de manera fáctica labores, desahogo de diligencias e inclusive recepción de documentos en la oficialía de partes”.
Llaman a proceder contra empleados
El abogado Gibran Haro, llamó a los afectados por los paros a promover las quejas en contra de los trabajadores que niegan el derecho a la justicia. Expuso que los paros afectan violan los derechos fundamentales de los justiciables.
“El conflicto que haya dentro de la institución autónoma es totalmente de ellos”, advirtió, y expuso que, si bien los trabajadores están en su derecho de apoyar al magistrado que deseen, no deben hacer en su horario laboral pues afectan a los miles de usuarios que demandan justicia. Por ello, llamó a proceder contra quienes participan en manifestaciones que afectan a justiciables, y recomendó tramitar amparos federales para evitar un mayor daño de parte de la institución.
