El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) presentó una controversia constitucional en contra del decreto del presupuesto del ejercicio fiscal 2024 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El magistrado presidente del Poder Judicial de Morelos, Luis Jorge Gamboa Olea, aseguró que existen elementos suficientes para que los ministros puedan analizar bajo los principios constitucionales la reducción de recursos.
Por ello, Gamboa Olea aseveró que con la reducción y la existencia de diversas etiquetas que se encuentran en el decreto del presupuesto 2024, pondrá en riesgo la implementación de la reforma para juicios orales civiles y familiares, así como la creación de nuevos juzgados en Jiutepec, Yautepec y Cuautla.
Incluso, aseveró que por la falta de recursos destinados al Poder Judicial dejará de contratar más del 20 por ciento de los trabajadores que se requieren para superar el rezago en los juzgados de todas las materias, pues actualmente en Morelos hay solo un juez por cada 150 mil habitantes.
“Evidentemente se ven afectados rubros como la consolidación de la justicia laboral, creación de nuevos juzgados en Jiutepec, Yautepec y Cuautla, así como la operación de la segunda sala de Cuautla que se vería afectada y retrasado su entrada en vigor”, dijo.
Gamboa Olea señaló que actualmente cuentan con recursos para garantizar la justicia en este 2024 pero solo en la operación y gasto corriente. Sin embargo, no existen las condiciones para solicitar un aumento presupuestal, ni un incremento de contrataciones para superar los rezagos y atender las nuevas obligaciones constitucionales del Poder Judicial que, dijo, “requiere de más contrataciones, establecer más juzgados así como la construcción de las salas de los juicios civiles y familiares, la capacitación de sus jueces y con esto nos vemos muy limitados. La falta de recursos reduce los tiempos, la eficiencia y para resolver los casos en lugar de tardar 45 días, ahora tardamos más de 180 días”.
En su proyecto presupuestal, el Tribunal Superior de Justicia solicitó poco más de mil millones de pesos para operar en el 2024, sin embargo, el presupuesto consensuado entre Ejecutivo y Legislativo les aprobó cerca de 900 millones de pesos.
