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Erick Abraján Juárez

A pocos meses de las elecciones de 2024, la Barra de Abogados Electorales pidió al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) y al Instituto Nacional Electoral (INE) a que comiencen la creación del padrón de deudores alimentarios para evitar que estas personas se postulen para cargos de elección popular en las próximas elecciones de 2024.

Según Gilberto González Pacheco, presidente de esta organización de abogados, a pesar de que el Congreso del estado no ha armonizado la legislación local en este tema, la normativa federal, que se encuentra vigente en el Código Federal de Procedimientos e Instituciones Electorales y en la Constitución Política federal, debe aplicarse a nivel local en el próximo proceso electoral que comienza el próximo primero de septiembre.

«Consideramos que la omisión provino del Congreso local, pero creemos que es aplicable. Las primeras instancias encargadas de verificar que las personas que participen, incluidos los candidatos, no sean deudores alimentarios, son el INE y el IMPEPAC. Pensamos que debe haber reuniones entre las autoridades para avanzar en este asunto», expresó el abogado.

Finalmente, reiteró que una vez que se haya establecido el padrón de deudores alimentarios, los partidos políticos deberán supervisar la selección de sus candidatos para que se cumpla la normatividad vigente.

En mayo, grupos feministas realizaron una protesta llamada «las otras madres», donde colocaron un tendedero con fotografías y nombres de deudores alimentarios y padres que han abandonado a sus hijos. Esta acción tuvo como objetivo presionar a los legisladores locales y federales para que promulguen la llamada “Ley Sabina”, que busca sancionar a los padres que se nieguen a pagar la pensión alimentaria de sus hijos, así como a aquellos que abandonen a mujeres embarazadas.

Es importante mencionar que en aquel tendedero de deudores alimentarios se encontraba la fotografía del exdiputado local y exalcalde de Puente de Ixtla, Julio Espin Navarrete, acusado de no cumplir con el pago de la pensión alimenticia.