La Auditoría Superior de la Federación inició procedimientos de Responsabilidad Administrativa Resarcitoria por más de 39 millones 895 mil pesos en contra del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep Morelos) y el Instituto Estatal para la Educación de los Adultos (INEEA Morelos), derivada de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, que no fueron aclarados satisfactoriamente, de acuerdo con el informe presentado por la entidad fiscalizadora federal.
El reporte corresponde a la revisión de la auditoría 1188 de la cuenta pública, y establece que: “En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Morelos infringió la normativa, principalmente en Transferencia de Recursos, Servicios Personales y Patronato de Fomento Educativo, lo cual generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 39 millones 895 mil 900 de pesos que representan el 27.3% de la muestra auditada. Las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones correspondientes”.
Y añade: “Se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que las cifras reportadas a la SHCP mediante el informe de ‘Nivel Financiero’ al cuarto trimestre de 2022 no fueron congruentes con los registros contables y presupuestario, ni tampoco se contó con un Programa Anual de Evaluación correspondiente al ejercicio fiscal 2022 en el que se considerará la evaluación del fondo. En conclusión, el Gobierno del Estado de Morelos no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, ajustada a la normativa que regula el ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas”.
Y si bien las entidades fiscalizadas respondieron mediante oficios y documentación las observaciones de la ASF, “derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado”, por lo que mantiene como no atendidos 19 puntos de las observaciones contenidas en el informe de auditoría.
Entre otras cosas, explica el informe, el Conalep y el INEEA locales presentaron 14 comprobantes no válidos de recursos para los meses de enero a marzo de 2022, estos documentos “se expidieron a favor de un Registro Federal de Contribuyentes (RFC) genérico”.
El Conalep y el INEEA depositaron, asegura la ASF, los recursos que les correspondieron en cuentas productivas que generaron rendimientos porque no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación.
Además, indica el informe que, como parte de los 39.9 millones de pesos por resarcir “Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 4 millones 261 mil 40 pesos, más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por realizar pagos a 22 trabajadores administrativos que no contaron con la documentación respecto al perfil académico bajo el cual fueron contratados”.
Establece respecto al INEEA Morelos que “se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 107 mil 392 pesos, más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por realizar pagos por el concepto de sueldo que excedieron los montos autorizados en el tabulador autorizado”.
La documentación de respuesta que no admitió la ASF fue remitida por el gobierno de Morelos el 18 de septiembre y 8 de octubre pasados, sin embargo, la entidad fiscalizadora no admitió los soportes documentales, por lo que los procesos sancionatorios continúan.
