Luis Jorge Gamboa Olea, magistrado presidente, cumplió dos años al frente del Tribunal Superior de Justicia, órgano que recibió en una crisis que sólo se ha venido profundizando al grado de que, por primera vez, el también titular del Poder Judicial en el estado fue dejado solo para rendir un informe ante un pleno que jamás ha podido convocar.
Lo que ocurre en el Tribunal Superior de Justicia no es simplemente un conflicto entre pares por poder e intereses personales, como asegura el presidente cuando refiere al conflicto interno protagonizado por los magistrados. La profundidad de la crisis pasa por los procesos de impartición de justicia y la percepción fundada de muchos “justiciables” de corrupción, desproporcionalidad e injusticia en las sentencias que, en su informe, Gamboa Olea presume haber incrementado a 11 mil 213, menos de la mitad de los expedientes ingresados (27 mil 601).
Aumento en presupuesto y tiempo no cambiaron nada
Morelos es uno de los estados que mayor proporción de su presupuesto destina al Poder Judicial. 2.43% del gasto público en el estado se entrega al sector justicia que lo maneja de forma autónoma. Sólo Chihuahua y la Ciudad de México aportan proporciones presupuestales mayores, 3,6 y 2,62% respectivamente.
Y aunque no se ha alcanzado la suficiencia presupuestal, los recursos autorizados por el Congreso de Morelos para el Tribunal Superior de Justicia tampoco han servido para mejorar la eficiencia de los juzgadores en Morelos, que se mantiene bajo prácticamente los mismos estándares que en el bienio anterior, cuando el Tribunal era encabezado por su adversario político, Rubén Jasso Díaz a quien Gamboa impidió reelegirse en mayo de 2022 al superarlo en una votación de once votos contra siete. De esos once apoyos, a Gamboa la quedan ya solo tres, mientras que, ya con el pleno integrado, una veintena de magistrados no lo consideran ya un buen líder para el Poder Judicial.
El problema se complicó con la determinación del Congreso de Morelos que, a propuesta del Poder Judicial, amplió el periodo de duración del mandato de Gamboa Olea, por única vez, por dos años más. Pese a los recursos judiciales interpuestos por magistrados y hasta por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la determinación del Congreso no ha podido ser derogada, así que Gamboa podría permanecer al frente siempre que el pleno no lo removiera y, aun así, tendría recursos jurídicos para buscar su permanencia, según opinan abogados especialistas.
Mientras, las manifestaciones y quejas en materia de administración de justicia, tanto en materia penal como civil siguen siendo pan de cada semana en las puertas del Tribunal al que víctimas de violencia vicaria, de sustracción de menores, y más ampliamente, de lo que aseguran es una enorme corrupción judicial realizan en espera de justicia.
El conflicto con los magistrados
En agosto de 2023, ocho de los doce magistrados que entonces integraban el pleno buscaron incluir en el orden del día de la sesión de pleno la discusión y votación de la destitución de Luis Jorge Gamboa Olea, a quien acusaron de presuntos actos en contra de la administración de justicia, irregularidades administrativas, y mala conducta hacia las trabajadoras.
La sesión era una especie de clímax de una serie de rupturas, primero por la denuncia interpuesta en julio por un magistrado en contra de Gamboa Olea en la Fiscalía Anticorrupción, a quien acusó de intervenir en determinaciones jurisdiccionales en un caso de alto impacto (la detención y proceso en contra de un presunto feminicida y doble homicida de Huitzilac).
Después por la manifestación de magistrados frente al Poder Judicial quienes señalaron haber sido víctimas de amenazas y actos de intimidación por parte de Luis Jorge Gamboa Olea.
La sesión no tuvo el éxito esperado, se declaró un receso que le dio tiempo al presidente del Poder Judicial de ampararse contra una posible destitución y una tensa calma se impuso en el Tribunal.
La incorporación de más de una decena de nuevos magistrados al Poder Judicial no ayudó a mejorar la gobernabilidad del Poder Judicial. Ninguno de los nuevos togados se acercó a fortalecer al grupo de Gamboa Olea que se fue volviendo cada vez menor.
La ruptura llegó al grado que los magistrados opositores a Gamboa, abrumadoramente más que quienes aún le apoyan, no fueron convocados a la Primera Sesión Solemne, en la que Gamboa Olea rindió su informe, y en la que podrían haberse pronunciado, nuevamente por su destitución, como advirtieron en su comunicado de respuesta al desaire: “sabemos que la Corte no validó, justificó ni mucho menos ordenó su permanencia en el cargo”.
En el texto, los magistrados aseguraron que lo celebrado el viernes 17 de mayo no fue una sesión solemne sino un “evento social y de interés personal, al cual el presidente del Tribunal invitó a distintos actores y personalidades”; y acusaron “es categórico que dicho evento se está utilizando con fines que contravienen la independencia judicial y la legalidad, principios fundamentales de nuestro sistema judicial… la falta de convocatoria a sesión de Pleno representa una omisión que probablemente se repetirá en el futuro, lo que podría traducirse en el incumplimiento de sus obligaciones, manteniéndose bajo el pretexto de la aplicación de una norma cuya inconstitucionalidad es evidente”.
Mientras tanto, la crisis se profundiza
En el 2018, el sistema judicial de Morelos estaba entre los primeros del país en justicia penal de acuerdo con los indicadores del World Justice Project en su Índice del Estado de Derecho. Era el séptimo lugar en procuración e impartición de justicia eficiente y eficaz (hoy ocupa el lugar 30); el segundo en debido proceso legal ahora es el 27; el primero en justicia penal imparcial, independiente y libre de corrupción, ahora es el 23.
En materia civil, Morelos estaba a media tabla, el mejor indicador era la justicia civil imparcial, independiente y libre de corrupción, lugar 11 de 32 en el 2018; hoy es el lugar 22 y, de acuerdo con las denuncias principalmente de mujeres afectadas por decisiones judiciales o falta de estas, parece seguir en declive.
Morelos es el segundo peor estado en el país en justicia civil accesible y derechos de las víctimas.
