Edgar Rodolfo Núñez Urquiza, quien se identifica como vicefiscal Anticorrupción y encargado de despacho de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Morelos (FECC), afirmó que su permanencia en el cargo está respaldada legalmente hasta 2025 y que solo podría ser removido si se demostrara alguna ilegalidad en sus funciones y se le inicie un procedimiento legal, como lo establece la Ley Orgánica del Congreso de Morelos.
Lo anterior, lo aclaró en entrevista para La Jornada Morelos, ante la confusión generada desde que ingresó a la Fiscalía Anticorrupción, con apoyo de la fuerza pública con amparo en mano que le fue concedido por un juez federal, y posterior información que círculo dónde se informó sobre su destitución.
Núñez Urquiza explicó que actualmente está amparado por una suspensión provisional emitida por el Juzgado Quinto Distrito para evitar su cese, por lo que sigue ejerciendo como encargado de despacho.
Afirmó que hasta el momento no ha recibido notificación de una destitución directa ni del inicio de un proceso en su contra. Señaló que nunca dejó de ser vicefiscal adjunto y que la Ley Reglamentaria y el Reglamento Interior de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción establecen que en caso de falta temporal o definitiva del Fiscal Especializado, él cubriría la ausencia.
Núñez Urquiza también indicó que su cargo está respaldado por el período en el que el Fiscal Juan Salazar Núñez fue designado, que va desde agosto de 2018 hasta agosto de 2025. «Yo me encargo del despacho de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y es por el periodo que el fiscal Juan Salazar Núñez fue nombrado, esto es el 16 de agosto del 2018 hasta el dieciséis de agosto del 2025».
No hay ninguna destitución
Además, destacó que hasta el momento de esta entrevista «ningún miembro del personal de la institución ha sido destituido ni se ha iniciado un procedimiento de destitución. La normalidad persiste en la institución desde antes y después de la salida del Fiscal» Anticorrupción. Enfatizó que no ve una justificación legal para iniciar dicho procedimiento y cree en la presunción de inocencia.
En cuanto a la posibilidad de que el Fiscal Uriel Carmona, ahora en libertad, pueda destituirlo, Núñez explicó que el Fiscal General no tiene la facultad para hacerlo y que la ley establece un proceso específico para la remoción del Fiscal Anticorrupción, que requiere la acreditación de una falta grave y ratificada por el artículo 34 de la Ley Orgánica de la propia Fiscalía General del Estado Morelos, que establece que el fiscal general no puede realizar ningún acto pendiente a remover o a destituir a ninguna persona de la Fiscalía Anticorrupción».
Añadió: «entonces, no es que el Fiscal General me pueda o no remover sino que la propia norma así lo establece y toda esta circunstancia pues está sujetada en las leyes y es por el periodo que él ya había designado previamente al fiscal pues lo establece en la ley».
Reiteró que ha sido agente del Ministerio Público durante 15 años y siempre ha trabajado en beneficio de la institución, sin alineaciones políticas ni vínculos con grupos específicos.
Subrayó que su objetivo principal, en la lucha jurídica que emprendió luego de que lo intentaran destituir, «es defender la autonomía de la Fiscalía y respaldar a los trabajadores de la institución. Yo tengo un compromiso con el trabajo institucional y la colaboración con otras dependencias y sectores».
No hay una lucha entre diferentes facciones o grupos políticos
En otro tema descartó que desde la Fiscalía Anticorrupción «se persiga a actores políticos de manera» como lo ha denunciado el fiscal de Cuautla Rodrigo Arredondo.
Insistió en que su trabajo se basa en investigar denuncias y que no tiene alianzas políticas ni agendas partidistas.
Afirmó que su enfoque siempre será el debido proceso y la objetividad en las investigaciones.
Núñez Urquiza concluyó la entrevista reafirmando su compromiso con la institución y su disposición a enfrentar cualquier procedimiento legal que surja. enfatizó que continuará trabajando para mantener la integridad de la Fiscalía, «sin permitir que se convierta en una herramienta política».
