La multiplicación de procedimientos judiciales en todo el mundo intensifica la presión para que las empresas alineen sus actividades con la lucha contra el cambio climático, indicó un estudio británico.
Desde el Acuerdo de París de 2015, se emprendieron unas 230 acciones judiciales contra empresas u organizaciones profesionales y más de dos tercios se iniciaron desde 2020, según expertos del Grantham Research Institute de la London School of Economics.
“Los litigios contra empresas se centraron tradicionalmente en el sector de las energías fósiles, pero ahora se dirigen a otros, como las aerolíneas, la industria agroalimentaria y de bebidas, el comercio electrónico y los servicios financieros”, señalan los expertos.
El caso del gigante petrolero Shell, condenado en 2021 en Países Bajos a elevar sus objetivos de descarbonización –una decisión que ha apelado– es ya emblemático.
La principal razón por la que se lleva a las empresas ante los tribunales son las acusaciones de comunicación engañosa sobre las ambiciones climáticas.
En 2023, los magistrados de Reino Unido consideraron que varios anuncios de las compañías aéreas Air France, Lufthansa y Etihad eran engañosos, pocos meses después de una decisión similar en Viena contra Austrian Airlines.
Algunas empresas enfrentan demandas en aras del principio de “quien contamina paga” o con el fin de “cerrar el grifo” a los combustibles fósiles, oponiéndose a proyectos de extracción o a su financiación.
Justicia internacional
Esas 230 acciones legales contra empresas siguen representando menos de 10 por ciento de los 2 mil 666 procedimientos climáticos en todo el mundo, en su inmensa mayoría contra autoridades públicas, según la base de datos de referencia del Sabin Center for Climate Change Law de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos.
Sin embargo se perfila una clara tendencia, ya que 25 por ciento de los nuevos casos iniciados en 2023 apuntan a agentes económicos, señala el informe.
Históricamente, la gran mayoría de los casos judiciales relacionados con el clima se presentaron en Estados Unidos, pero poco a poco se van extendiendo.
En 2023 se inició un caso en Portugal, donde se acusa al Estado de violar los derechos humanos por incumplimiento de su política climática, y otro en Panamá, con una demanda de inconstitucionalidad de una ley que había aprobado un contrato de concesión minera.
Los países del Sur global representan ya 8 por ciento de los casos registrados, principalmente en Brasil.
“El 2023 fue un año importante para los litigios internacionales vinculados al cambio climático”, consideran los expertos, con nuevos casos presentados ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Esta última, a la que recurrieron Chile y Colombia, debe emitir una “opinión consultiva” a finales de 2024 para “aclarar el alcance de las obligaciones” de cada país y “responder a la emergencia climática en el marco del derecho internacional”.
En abril, el TEDH también condenó por primera vez a Suiza por inacción frente al cambio climático, tras la denuncia de una asociación de ancianas.
“Sólo 5 por ciento de los casos relacionados con el clima se presentan ante tribunales internacionales, pero es probable que muchos de ellos influyan en los procedimientos nacionales”, destaca el informe.
De cara al futuro, los autores del informe ven surgir nuevas tendencias, entre ellas, las demandas “poscatástrofe”, “como ilustra un caso en Puerto Rico que cuestiona la reconstrucción” de la red eléctrica alimentada por combustibles fósiles. También el concepto de ecocidio “está ganando terreno”, así como la convergencia de consideraciones climáticas y medioambientales, por ejemplo en la lucha contra la contaminación por plásticos.
Cada primavera examinan playas, dunas y arrecifes con sus instrumentos de medición: los técnicos del mapa del Observatorio de la Costa de Nueva Aquitania verifican el retroceso del litoral, que amenaza viviendas y negocios, para ayudar a definir estrategias de desarrollo. Foto Afp