El exgobernador de Morelos, Luis Graco Ramírez Garrido Abreu, está a un paso de enfrentar un juicio penal por presunto ejercicio abusivo de funciones, después de que una jueza revocara el acuerdo de no ejercicio de la acción penal otorgado previamente por la Fiscalía Anticorrupción.
Este lunes, se llevó a cabo una audiencia de queja promovida por el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, luego de que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción emitió un acuerdo de no ejercicio de la acción penal a favor del exgobernador.
Como se recuerda, el 18 de septiembre de 2018, a solo doce días de concluir su mandato, Graco Ramírez adquirió un préstamo de 600 mil pesos del Instituto de Crédito para la compra de una camioneta. La actual administración presentó una denuncia en su contra argumentando que no tenía derecho a ese beneficio, ya que no era un trabajador del estado, sino un gobernante.
Durante la audiencia del lunes, surgieron argumentos a favor y en contra del exgobernador. Los abogados del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado enfatizaron que el exmandatario «tuvo acceso a un crédito al cual no tenía derecho». También se señalaron irregularidades, como la falta de cumplimiento de los requisitos para obtener el préstamo y el incumplimiento de un acuerdo de racionalidad y austeridad que establecía los lineamientos para acceder a dicho crédito. «El gobernador sabía de los acuerdos aprobados por los miembros del Instituto de Crédito y, a pesar de ello, no respetó la ley», declaró Elio Brito Cantú, asesor jurídico.
Por otro lado, el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción argumentó que «el crédito le fue otorgado en su carácter de afiliado. No existe un delito porque él no se lo otorgó” a sí mismo.
En su momento, Juan Gabriel Vargas Téllez, abogado del exmandatario, afirmó que, desde su perspectiva, «no existe ningún agravio porque el crédito ya ha sido completamente pagado, incluso con intereses».
Después de escuchar los argumentos, la jueza Especializada de Control, Alejandra Trejo Reséndiz, determinó revocar el acuerdo de no ejercicio de la acción penal. Además, concedió un mes a la Fiscalía Anticorrupción para que se pronuncie sobre la posibilidad de someter a Graco Ramírez a un proceso penal, con el fin de determinar su responsabilidad en el delito de ejercicio abusivo de funciones.
Expertos consultados consideran que es muy probable que la carpeta de Ramírez Garrido Abreu sea judicializada, ya que «claramente ya no cuenta con la protección del presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Gamboa Olea».
