Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, exgobernador de Morelos, logró que un juzgado federal le concediera una suspensión provisional para evitar ser detenido en territorio morelense. El miércoles 27 de septiembre, el Juzgado Tercero de Distrito otorgó la suspensión provisional al ex militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en contra de cualquier orden de aprehensión que pueda emitir el Juez Especializado de Control Único, en el Sistema Penal Acusatorio en Xochitepec, Morelos, Natanael Subdias Aguilar.
Tras promover un juicio de amparo para evitar su detención, la solicitud quedó registrada en el expediente 1327/2023.
Hace 18 días, La Jornada Morelos informó que el ex gobernador de Morelos estaba a un paso de ser juzgado por un juez penal por presunto ejercicio abusivo de funciones, después de que una jueza revocara el acuerdo de no ejercicio de la acción penal otorgado por la Fiscalía Anticorrupción.
El 11 de septiembre pasado, se llevó a cabo una audiencia de queja promovida por el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, luego de que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción dictara un acuerdo de no ejercicio de la acción penal a favor del exgobernador.
Recordemos que el 18 de septiembre de 2018, a tan solo doce días de concluir su mandato, Graco Ramírez adquirió un préstamo del Instituto de Crédito por 600 mil pesos para la compra de una camioneta. Por esta razón, la administración actual presentó una denuncia contra el perredista, argumentando que no tenía derecho a ese beneficio, ya que no era un trabajador del estado, sino un gobernante.
La jueza Especializada de Control, Alejandra Trejo Reséndiz, determinó revocar el acuerdo de no ejercicio de la acción penal y otorgó un mes a la Fiscalía Anticorrupción para que se pronuncie sobre la posibilidad de someter a proceso penal a Graco Ramírez, con el fin de determinar su responsabilidad en el delito de ejercicio abusivo de funciones.
Natanael Subdias Aguilar fue el juez encargado de la audiencia de vinculación en la acusación por delito de tortura presuntamente cometida por el Fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, y además determinó reconocer la personalidad jurídica a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se haga cargo de las investigaciones.
