Angélica Estrada
La piedra angular de la vida democrática de cualquier país es, sin duda, la libertad de expresión. Se trata de un derecho constitucional y humano de cada individuo, enmarcado en los artículos 6 y 7 de la Carta Magna, y en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta normatividad se refiere al derecho y la libertad que todos tenemos de expresar nuestros pensamientos, difundir información e investigar sin ser molestados o impedidos en ningún grado.
Aunque este derecho se conmemora cada 7 de junio, se atribuye mayormente a los medios de comunicación debido a su labor informativa, y es precisamente a este sector al que se le vulnera en mayor medida este derecho.
Actualmente, la libertad de expresión se encuentra en un punto de quiebre debido a las agresiones sufridas por comunicadores y periodistas, quienes han sido víctimas de persecuciones e incluso asesinatos por ejercer este derecho.
Según Artículo 19, el 2022 fue el año más letal para la prensa mexicana, con 17 homicidios de periodistas y comunicadores, de los cuales 12 estuvieron relacionados con su labor informativa.
En Morelos, no se ha estado exento de estos escenarios, ya que ha habido varios casos en los que reporteros han sido amenazados e incluso baleados mientras cumplían con su deber.
Un caso ocurrió en octubre de 2015, cuando el entonces diputado priista Aristeo Rodríguez amenazó con un arma de fuego al camarógrafo Rene Pérez y al reportero Otto Alberto Pérez. Este hecho tuvo lugar en el interior del Congreso local, cuando el comunicador grababa al legislador mientras este tenía un altercado con su homólogo Francisco Navarrete Conde.
En mayo de 2019, el mismo Rene Pérez, camarógrafo de «Quien Resulte Responsable», resultó herido de bala mientras cubría una manifestación encabezada por dos líderes sindicales, Roberto Castrejón y Jesús García, quienes fueron asesinados en pleno centro de Cuernavaca. En este incidente, el comunicador sufrió la agresión y no recibió el respaldo de la empresa para la que trabajaba, a pesar de que ocurrió durante una cobertura.
El año pasado, también surgieron agresiones contra la prensa por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE). La reportera Ana Lilia Mata fue agredida por un elemento de la fiscalía, quien la sujetó del cuello mientras ella cubría un evento presidido por el fiscal Uriel Carmona.
La comunicadora intentó pasar unas vallas metálicas, las cuales estaban custodiadas por un elemento de seguridad que le impidió el paso y terminó apretándola del cuello para someterla, mostrando un total abuso de fuerza y autoridad.
El caso más reciente que atenta contra la libertad de expresión en Morelos volvió a ocurrir durante una sesión legislativa, donde la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz profirió amenazas contra la reportera Leticia Villaseñor, acusándola de «burlarse» de los diputados mientras estos mantenían una reunión con abogados.
«Ya los quiero ver marchando cuando maten a un periodista», dijo la diputada a la comunicadora.
Según los datos de Artículo 19, durante el gobierno de Vicente Fox Quesada se registraron 22 asesinatos de periodistas; durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa fueron 48; durante el gobierno de Enrique Peña Nieto fueron 47; y hasta ahora, en la actual administración federal, ya se han contabilizado 42 casos.
Una forma de intimidación que ha evolucionado y sin duda atenta contra la libertad de expresión es el espionaje a cuentas, perfiles y diversos sitios, lo cual constituye una violación no solo de los derechos constitucionales, sino también de los derechos humanos a los que todos deberíamos tener acceso.
A pesar de los múltiples acuerdos para garantizar la libertad de expresión y el pluralismo de opiniones, éstos han tenido poco efecto, ya que los ataques no cesan; al contrario, han aumentado en los últimos años.
Estas violaciones no solo son atribuibles al crimen organizado, sino que también se pueden generar desde las instituciones públicas, las cuales deberían proteger este derecho por encima de todo.
México se ha convertido, desde hace décadas, en un país donde se corre el riesgo de perder la vida simplemente por ejercer o reclamar el derecho a la libertad de expresión.
Margarito Pérez Retana / cuartoscuro.com
