La inseguridad, el deterioro en los límites al poder gubernamental, las crecientes corrupción e impunidad, y la erosión de los sistemas de justicia civil y penal, arrojaron a Morelos al último lugar nacional en el Índice del Estado de Derecho; una medición realizada anualmente por el World Justice Project (WPJ), basada en ocho factores que combinados permiten evaluar el desempeño de las instituciones en materia de justicia y respeto a las leyes. Por tercera ocasión consecutiva, la entidad ocupa empata en el último lugar, esta vez con el Estado de México.
En la primera edición del índice, publicada en el 2018, Morelos registró un puntaje de 0.37; para ubicarse en el lugar 26 de las 32 entidades del país. Entonces las evaluaciones fueron: en límites al poder gubernamental, 0.42; ausencia de corrupción, 0.36; gobierno abierto, 0.38; derechos fundamentales, 0.51; orden y seguridad, 0.23; cumplimiento regulatorio, 0.27; justicia civil, 0.33; y justicia penal, 0.42. En la nueva edición del Índice, publicada este martes por el WPJ, Morelos tiene una calificación global de 0.35 integrada por: 0.39 en límites al poder gubernamental; 0.29 en ausencia de corrupción (en este índice el estado es el peor del país); 0.45 en gobierno abierto; 0.44 en derechos fundamentales; 0.29 en orden y seguridad; 0.34 en cumplimiento regulatorio; 0.31 en justicia civil y 0.29 en justicia penal.
Para construir el índice, el WPJ aplica encuestas pare medir desde la perspectiva ciudadana el grado de adhesión de las naciones y regiones al Estado de Derecho; y “utiliza información de primera mano para capturar las voces de miles de personas en zonas urbanas y rurales a lo largo del país. De forma específica, el Índice utiliza más de 600 variables generadas a partir de las respuestas a una encuesta aplicada a población general a 12,800 personas, de las respuestas a encuestas aplicadas a más de 2,000 especialistas en derecho penal, derecho civil, derecho laboral, y salud pública, y de información generada por otras instituciones”.
Límites al poder gubernamental
En el 2018 en Morelos no se consideraba al Legislativo como un contrapeso eficaz (0.32); en eso estaba mejor evaluado el judicial (0.56): los organismos de control, los contrapesos no gubernamentales, tampoco generaban confianza en la gente ni los expertos. En el índice 2023-2024, el legislativo elevó un poco su calificación como contrapeso eficaz (0.38); pero el judicial cayó en la misma consideración (0.43), también se deterioró la imagen sobre los organismos de control, las sanciones por abuso de poder y en cambio se fortalecieron un poco los contrapesos no gubernamentales.
Ausencia de corrupción
Aunque la percepción de corrupción en las instituciones en el 2018 ya era muy alta, el deterioro de la imagen de los poderes en Morelos se mantiene y ha pegado especialmente al sector justicia. El Ejecutivo pasó de 0.26 a 0.27 en 2023-2024 en ausencia de corrupción; el Legislativo de 0.24 a 0.27; pero las instituciones de procuración de justicia cayeron de 0.42 a 0.25; y el Poder Judicial de 0.50 a 0.25, el mayor incremento en la percepción de corrupción en el estado.
Derechos fundamentales
El respeto a los derechos fundamentales también se ha deteriorado en los últimos seis años, según evidencia el índice del WPJ. La ausencia de discriminación pasó de 0.48 a 0.37; el debido proceso legal de 0.47 a 0.37; la libertad religiosa de 0.56 a 0.30; y loa derechos laborales de 0.37 a 0.27; en contraste, mejoraron la libertad de expresión 0.68 a 0.72; y el derecho a la privacidad, 0.49 a 0.56.
Orden y seguridad
Aunque en materia de orden y seguridad podrían considerarse algunos avances, Morelos se mantiene en el último lugar nacional en la materia desde 2018. El factor, integrado por tres indicadores mejoró en ausencia de crimen de 0.21 a 0.46; percepción de seguridad, 0.31 a 0.34; pero empeoró en ausencia de homicidios 0.17 a 0.08.
Justicia civil
Uno de los grandes pendientes en Morelos sigue siendo la justicia civil, si bien hay un ligero avance en que las personas conozcan sus derechos 0.24 a 0.26, y en el acceso a la justicia civil sin largos procesos burocráticos; se ha deteriorado el acceso a la información y asesoría legal en casos civiles (0.35 a 0.33), en la independencia y ausencia de corrupción de los juicios civiles (0.47 a 0.37); también se ha deteriorado parcialmente la calidad (0.35 a 0.34); la ejecución efectiva de resoluciones mercantiles (0.31 a 0.30): y los mecanismos alternativos para la solución de conflictos, son menos accesibles, imparciales y expeditos (0.43 a 0.38)
Justicia penal
Pero la peor caída de todo el sistema de justicia y derecho en Morelos, según los datos del WPJ, está en la justicia penal. La eficacia en la investigación de los casos cayó de 0.23 a 0.14; la procuración e impartición de justicia eficiencia y eficaz de 0.41 a 0.27; el respeto a los derechos de las víctimas de 0.54 a 0.36; el debido proceso legal de 0.49 a 0.37; la justicia penal imparcial, independiente y libre de corrupción, de 0.49 a 0.30; y el sistema penitenciario seguro y respetuoso de los derechos humanos, fue de 0.42 a 0.30.
Los datos del Índice del Estado de Derecho en México evidencian una crisis que en Morelos ha tenido imágenes históricas, como la del fiscal general, Uriel Carmona, siendo aprehendido por agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México; la Fiscalía Anticorrupción resguardada por elementos de la Marina y la Comisión de Seguridad Pública; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Luis Jorge Gamboa Olea, abandonado en el pleno por sus magistrados; y rostros de madres buscadoras, víctimas de violencia vicaria, familiares de víctimas de homicidios dolosos y feminicidios exigiendo justicia.
