Erick Abraján Juárez
A más de una semana de la detención del Fiscal General del estado, miembros de la Comisión Independiente de Derechos Humanos del estado de Morelos (CIDHEM) afirmaron que es urgente la necesidad de llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre todos los funcionarios que podrían haber incurrido en actos de omisión en las investigaciones de casos de feminicidio.
Según el vocero de esta asociación, José Martínez Cruz, desde la solicitud de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en 2013, se han documentado más de 530 casos de feminicidio ocurridos en Morelos entre los años 2000 y 2013.
No obstante, tras la aprobación de la AVG en agosto de 2015, se solicitó a la Fiscalía de Morelos presentar un informe sobre la situación de estos 530 casos de feminicidio.
«Hasta la fecha, no hemos recibido el informe completo sobre todos estos casos, de hecho, la Fiscalía solo reportó 271», explicó Martínez Cruz.
Por esta razón, Martínez Cruz señaló que en 2020, la organización civil presentó una queja ante el Órgano de Control Interno de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM) y otra ante la Visitaduría y Asuntos Internos para conocer los procesos de sanción pertinentes frente a esta situación.
No obstante, fue hasta el 19 de octubre de 2021, el titular del Órgano Interno de Control, Felipe Velarde Corrales, citó a la CIDHM para una comparecencia en sus oficinas, con el objetivo de recibir las manifestaciones adecuadas y recopilar los elementos necesarios para aclarar los hechos denunciados.
«Aunque la CIDHM se presentó y proporcionó las pruebas necesarias, no se encontró ninguna irregularidad en la actuación de las autoridades mencionadas».
Finalmente, el activista aseguró que para combatir el feminicidio se requiere una política integral y una coordinación interinstitucional, de manera que no haya espacio para simulaciones, omisiones o complicidades.
«Un solo caso de feminicidio debería ser condenado de manera inequívoca por las autoridades, sin que se utilice por ningún funcionario o servidor público para infligir más daño a las víctimas y a sus familias en primer lugar, perjudicando a toda la sociedad, que en última instancia sufre las consecuencias de las acciones o la falta de acción por parte de las autoridades que abusan de su poder».
